En el Congreso de Guerrero proponen tipificar como delito la violencia en el entorno escolar

• Se busca erradicar las agresiones físicas o sexuales, la violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos cometidos contra alguna persona integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de los planteles

• De seis meses a cuatro años de prisión, señala la propuesta de la ex presidenta de la Jucopo

Interacción

La diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero, con la intención de prevenir, sancionar y atender las conductas violentas en el ámbito educativo, por lo que plantea incoporar la figura de “violencia en el entorno escolar”.
La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Calixto Jiménez argumentó que dicha problemática requiere atención urgente porque afecta física, psicológica y emocionalmente a todas y todos los que integran la comunidad escolar, tanto niñas, niños y adolescentes.
Destacó que la violencia en esos entornos alcanza también a docentes, directivos, madres y padres de familia.
Expuso que de acuerdo con datos de organismos nacionales e internacionales, el acoso y otras formas de violencia tienen una importante incidencia entre la población estudiantil.
En el caso de Guerrero, en particular, es señalada por niñas, niños y adolescentes como una de las principales razones para abandonar los estudios, lo que ya tiene un impacto a nivel social.
Calixto Jiménez enfatizó que la propuesta no busca criminalizar a las y los estudiantes, sino proteger su integridad y su futuro, bajo un enfoque humanista y preventivo que considere que detrás de una conducta violenta también pueden existir situaciones de abandono, maltrato o entornos que requieren atención.
La iniciativa plantea que se considere como “violencia en el entorno escolar” las agresiones físicas o sexuales, la violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos cometidos contra alguna persona integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de los planteles, cuando se atente contra su integridad o su vida.
También se establece que cuando dichas conductas sean cometidas por adolescentes, se deben privilegiar medidas de orientación, protección, prevención y apoyo psicológico especializado, en apego a la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.
También se contempla la corresponsabilidad de madres, padres o tutores para la reparación integral del daño, sanciones de 50 a 200 días multa, penas de seis meses a cuatro años de prisión y tratamiento psicológico especializado, cuando así lo determine la autoridad judicial.
Agregó que estas sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando exista abuso de una posición de autoridad o confianza dentro de la escuela; la agresión sea cometida en grupo o por interpósita persona, o se realice a través de medios digitales.
Enfatizó en que se debe hacer lo necesario para que la violencia en las escuelas no se normalice, pues se deben generar condiciones para que los espacios educativos sean lugares seguros, de convivencia y desarrollo para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personal educativo.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión Legisativa de Justicia.