Gobierno federal propone filtro electoral contra vínculos con el crimen organizado

Ciudad de México, 21 de mayo de 2025.-

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, anunció este miércoles que el Gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para prevenir que personas con posibles nexos con la delincuencia organizada sean postuladas como candidatas en las elecciones de 2027.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y que estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por un periodo de tres años por el Consejo General.

La iniciativa busca establecer un mecanismo de coordinación entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para identificar posibles riesgos relacionados con aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo con la explicación oficial, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria a la comisión los nombres de sus aspirantes, para que sean revisados por instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las autoridades realizarían un análisis para determinar si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. La información entregada a la comisión no incluiría detalles de investigaciones o expedientes, sino únicamente la confirmación de la existencia o inexistencia de riesgos detectados.

Posteriormente, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas informaría a los partidos políticos sobre los resultados de la consulta y señalaría qué instituciones advirtieron posibles riesgos. Con esa información, cada partido asumiría la responsabilidad de decidir si registra o no la candidatura correspondiente.

La propuesta también establece que toda persona aspirante a una candidatura deberá manifestar por escrito su consentimiento para ser evaluada por esta comisión, independientemente de que el partido decida someter o no su nombre a revisión.

La consejera jurídica subrayó que todo el procedimiento se desarrollaría bajo estrictas condiciones de confidencialidad y que la información proporcionada por las autoridades tendría carácter reservado, con el objetivo de no afectar investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

El Gobierno federal precisó que se trata de una reforma legal y no constitucional, por lo que únicamente requeriría modificaciones a la legislación electoral vigente para entrar en operación antes del proceso electoral de 2027.