Ordenan abrir archivos militares de la Guerra Sucia, una herida histórica que tuvo en Guerrero uno de sus principales escenarios

—El caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 durante el gobierno estatal de Israel Nogueda Otero, se convirtió décadas después en un referente nacional e internacional sobre desaparición forzada y responsabilidad del Estado

Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- La orden de un Tribunal Colegiado para crear una Comisión de Transparencia de Archivos y obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar documentación relacionada con la llamada Guerra Sucia abre una nueva posibilidad para esclarecer uno de los periodos más dolorosos de la historia contemporánea de México, que tuvo en Guerrero uno de sus principales escenarios y dejó como saldo centenares de víctimas de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política.

La resolución tiene una dimensión particularmente importante para Guerrero. Entre finales de los años sesenta y buena parte de la década de los setenta, el estado fue escenario de una intensa operación contrainsurgente desplegada para combatir principalmente a los movimientos guerrilleros encabezados por los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, pero cuyos efectos alcanzaron también a familiares, campesinos y comunidades enteras de la Costa Grande y otras regiones.

Uno de los casos emblemáticos es el de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente social y ex presidente municipal de Atoyac de Álvarez, detenido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar instalado en esa región y desaparecido desde entonces. Los hechos ocurrieron durante el gobierno de Israel Nogueda Otero, quien encabezó el gobierno de Guerrero entre 1971 y 1975, en un periodo marcado por la confrontación entre las fuerzas federales y la guerrilla de Lucio Cabañas.

Radilla fue visto por última vez en instalaciones militares de Atoyac. Su desaparición trascendió décadas después las fronteras del país: en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su desaparición forzada. El caso se convirtió en un referente jurídico para México no sólo por el reconocimiento de las graves violaciones cometidas, sino por sus efectos en materia de derechos humanos, control de convencionalidad y límites de la jurisdicción militar.

Pero Rosendo Radilla representa apenas uno de los nombres de una historia mucho más extensa. Guerrero concentró numerosos casos de desaparición durante las operaciones contrainsurgentes. Particularmente en la Costa Grande, comunidades de municipios como Atoyac fueron sometidas a retenes, interrogatorios, detenciones y operativos militares en la búsqueda de integrantes y simpatizantes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.

La etapa más intensa de estas operaciones atravesó los gobiernos estatales de Caritino Maldonado Pérez, Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa Figueroa, aunque la conducción de la estrategia contrainsurgente correspondió fundamentalmente al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas. Durante esos años gobernaban el país los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y, posteriormente, José López Portillo, en una época caracterizada por la persecución de organizaciones guerrilleras y movimientos políticos considerados una amenaza para el régimen.

La relevancia social de abrir los archivos militares radica precisamente en la posibilidad de reconstruir qué ocurrió con las personas desaparecidas y conocer la operación institucional desplegada durante aquellos años. Para numerosas familias de Guerrero, la Guerra Sucia no constituye solamente un episodio histórico: permanece como una búsqueda inconclusa de familiares cuyo destino se desconoce después de medio siglo.

En el terreno político, la apertura documental también puede permitir distinguir responsabilidades individuales e institucionales y reconstruir con mayor precisión la participación de autoridades civiles, militares y policiales. El acceso a documentos oficiales resulta fundamental para evitar que el conocimiento de aquellos acontecimientos dependa exclusivamente de testimonios, versiones parciales o interpretaciones políticas construidas décadas después.

La resolución judicial surgió del caso promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca esclarecer la desaparición de su madre, Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida en 1978. El Tribunal determinó que la Sedena ha sido omisa en transparentar y entregar expedientes relacionados con la Guerra Sucia y ordenó integrar una comisión imparcial, con participación del Archivo General de la Nación, para identificar, clasificar, preservar y transferir documentación relevante.

El fallo adquiere así una trascendencia que rebasa el caso particular. La apertura de los archivos puede aportar información sobre centenares de víctimas y ayudar a reconstruir los mecanismos utilizados durante la estrategia contrainsurgente, así como establecer cadenas de mando y posibles responsabilidades.

Para Guerrero, donde la memoria de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Rosendo Radilla y cientos de víctimas permanece profundamente vinculada a la historia política y social de diversas comunidades, transparentar esos documentos representa también una oportunidad para conocer desde los propios archivos del Estado lo ocurrido durante aquellos años.

A más de cinco décadas de los episodios más intensos de la Guerra Sucia, la apertura de los archivos militares no significa únicamente revisar el pasado. Para las familias que continúan buscando a sus desaparecidos representa la posibilidad de encontrar respuestas; para las instituciones, una obligación de rendición de cuentas, y para la sociedad mexicana, una oportunidad de reconstruir con documentos y evidencias uno de los capítulos todavía incompletos de su historia reciente.

Puedo hacer también una versión con mayor profundidad histórica sobre Guerrero, incorporando Atoyac, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, los vuelos de la muerte y una cronología de los gobernadores guerrerenses durante ese periodo.