Seguridad, responsabilidad compartida

Las cifras del más reciente informe sobre homicidio doloso proyectan, con rareza celebrada pero prudente, una señal de cambio en Guerrero. En febrero de 2026 se registraron 52 víctimas —3.8% del total nacional— y el comparativo Ene–Feb 2025 vs Ene–Feb 2026 muestra una reducción del 33.2% en el periodo.

A ello se suma, según los reportes internos, una caída notable del 72% en el promedio diario de homicidios en el corto plazo. Estos números no son meras estadísticas: significan menos hogares atravesados por el duelo, más calles transitables y una percepción pública que, aunque todavía frágil, comienza a inclinarse hacia la esperanza.

Algo que poco se dice desde las esferas gubernamentales, por ser políticamente incorrecto, es que el tema de la seguridad debe ser vista por las y los guerrerenses, como una responsabilidad compartida. A final de cuentas la mayoría de los hechos delictivos, son cometidos por paisanos contra paisanos. Este salvajismo se inaceptable desde cualquier punto de vista.

El hombre como lobo del hombre, advertía filósofo Thomas Hobbes. Hoy nos hemos convertido en una sociedad de víctimas y victimarios, y quizá lo peor: de espectadores silenciosos de nuestras tragedias.

Es importante subrayar dos cosas desde el inicio: primero, cualquier mejora en seguridad debe siempre leerse con cautela y contraste territorial —Guerrero es heterogéneo y la estadística estatal puede ocultar focos de violencia persistente en municipios específicos—; segundo, los logros reportados no son producto del azar, sino de la confluencia de medidas operativas y políticas públicas que merecen reconocimiento y escrutinio a la vez.

Operativos de inteligencia más focalizados, mayor coordinación entre fiscalías y fuerzas de seguridad, acciones de prevención social y el reforzamiento de canales de denuncia han empezado a dar resultados verificables. Ese esfuerzo conjunto —gobierno estatal, autoridades municipales, Fuerzas federales y comunidades— debe ser valorado sin caer en triunfalismos.

La sostenibilidad de la mejora dependerá de la consistencia institucional: mantener y normalizar protocolos de investigación, protección a testigos y profesionalización policial para que la disminución no dependa de campañas puntuales sino de capacidad permanente.

Otro elemento es la inversión social: programas de prevención, oportunidades laborales y atención a jóvenes en riesgo son la base para anclar los avances en comunidades que han sufrido décadas de abandono.

Restablecer los vínculos de confianza entre vecinos y de los ciudadanos en las autoridades es un paso crucil en este propósito.

El momento exige equilibrio. Las autoridades tienen la responsabilidad de comunicar con precisión los logros y, simultáneamente, de rendir cuentas sobre áreas donde la inseguridad persiste. La ciudadanía, por su parte, reclama no solo resultados medibles, sino verlos reflejados en la calle de su colonia, y eso no es fácil.

Finalmente, la disminución de homicidios en Guerrero son buensa noticias, y abre una ventana de oportunidad: consolidar procesos de seguridad con enfoque en derechos, integridad de la investigación y rehabilitación social.

 Transformar una estadística positiva en una realidad duradera requerirá paciencia, recursos y voluntad colectiva.

La paz que anhelamos no será un cheque al portador; será el fruto de políticas coherentes, actores comprometidos y comunidades activas. Guerrero ha dado un paso en esa dirección. Ahora corresponde a todos dar los pasos siguientes con responsabilidad y constancia.