Tlachinollan: En Montaña Baja urgen definiciones claras sin manotazos en la Mesa de Seguridad ni promesas sin resultados  

• Misión de Observación pudo documentar la muerte y desolación que existe en los pueblos atacados del 6 al 11 de mayo, dice el organismo

• Algunas autoridades municipales han permitido la operación de los grupos en pugna, perjudicando a las comunidades

• La reconstrucción de la paz, exige la cooperación de los tres niveles de gobierno, pero con las comunidades afectadas como eje central     

Interacción

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan exigió que ante la crisis de inseguridad que se vive en los pueblos de Chilapa urge definiciones claras, sin que haya manotazos en la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz pero también sin promesas vacías, carentes de resultados.

A dos días de que nueve presidentes municipales de la Montaña Baja y región Centro anunciaran que se retiran de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el 

CDHM, Tlachinollan consideró que urgen definiciones políticas claras por parte de los tres niveles de gobierno. “Cada nivel debe de involucrarse en la resolución de los problemas que han evidenciado, una red de complicidades tejida desde las esferas gubernamentales”, anota.

Considera que la ciudadanía agraviada se siente defraudada por la inoperancia de las autoridades, por eso demanda mayor compromiso y oficio político de quienes ostentan cargos públicos. 

Los servidores públicos con capacidad de solución, de acuerdo con Tlachinollan, tienen la alta responsabilidad de alcanzar acuerdos duraderos nutridos de visiones plurales pero convergentes: “En lugar de obstruir los planes interinstitucionales y manotear en la Mesa de Coordinación, debe prevalecer el bien superior de la gobernabilidad y el Estado de Derecho”.

Los municipios no se pueden sustraer

En ese sentido, plantea que las autoridades municipales tienen la obligación de contribuir en este proceso de paz, pues el eje rector de sus actuaciones deben ser las víctimas que están sufriendo y resistiendo desde el umbral de la muerte. 

“Como gobiernos locales tienen encomiendas específicas y compromisos circunscritos dentro de un marco constitucional que los rige”, indica.

Asegura que la gran tarea común que se tiene, es fortalecer la Mesa de Coordinación, “no con promesas vacuas, ni con posturas facciosas, aisladas o dispersas, sino con acciones virtuosas”.

Insiste en que la actual es una coyuntura propicia para diseñar un plan integral de largo alcance, en el que participen las comunidades indígenas afectadas, como interlocutores centrales.

Tlachinollan asegura que en estos momentos críticos resulta imperativo recuperar el control territorial, el Estado de derecho, la institucionalidad democrática, “la aplicación de la ley como principales estrategias para contener a los grupos delincuenciales que imponen la ley del gatillo, pero que lamentablemente cuentan con la aquiescencia de algunas autoridades municipales”.

El organismo no gubernamental sostiene que urge impulsar un programa social que esté operado desde la federación y que tenga una coordinación directa con las comunidades indígenas, como ya lo están haciendo en algunos programas, donde los pueblos se asumen como sujetos de derecho público en lugar de pisotear su dignidad. 

Refiere que los gobiernos locales han tenido grandes oportunidades de impulsar el bienestar de las comunidades, pero han dilapidado recursos, ignorando, dividiendo y hasta agrediendo a las familias más pobres de sus municipios.

Por esa razón, asume que los testimonios documentados este fin de semana con la Misión Civil de Observación, dan cuenta de la muerte y desolación que priva en la Montaña Baja, principalmente entre las familias desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, que mayoritariamente se mantienen fuera de sus lugares de origen, pues el miedo les impide regresar.