Admite Gobierno federal error en reforma a pensiones; queda sin efecto el tope de 50% al salario presidencial

Ciudad de México, 27 de julio de 2026. El Gobierno federal reconoció que la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las denominadas «pensiones doradas» contiene una contradicción jurídica que impide aplicar uno de sus principales objetivos: establecer como límite máximo para determinadas pensiones el equivalente al 50 por ciento de la remuneración presidencial. (El Diario)

La admisión quedó plasmada en un oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Luisa María Alcalde, fechado el 9 de junio y revelado este lunes por el periódico Reforma. En el documento se sostiene que el artículo 127 de la Constitución contiene dos disposiciones incompatibles entre sí: una establece que ningún servidor público en activo puede percibir una remuneración superior a la de la Presidenta de la República, mientras que otra fija que determinadas jubilaciones y pensiones no podrán exceder el 50 por ciento de ese monto.

La Consejería Jurídica concluyó que ambas reglas no pueden aplicarse simultáneamente, debido a que las pensiones se calculan con base en el salario devengado durante la vida laboral. Por ello, determinó que debe prevalecer el criterio que mantiene la relación entre el sueldo del trabajador en activo y su pensión, dejando sin aplicación práctica el límite del 50 por ciento previsto en la reforma.

Con esta interpretación, las dependencias federales podrán reconocer pensiones de hasta 134 mil 290 pesos netos mensuales, equivalentes a la remuneración mensual de la Presidenta, y no de aproximadamente 67 mil 145 pesos, como contemplaba originalmente la reforma aprobada por el Congreso. (El Imparcial)

La iniciativa fue presentada por Claudia Sheinbaum el 3 de marzo de este año como parte de la política de austeridad republicana para eliminar privilegios en el servicio público. El proyecto fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, la contradicción normativa no fue advertida durante el proceso legislativo. (Gobierno de México)

Especialistas consideran que el reconocimiento del error abre la puerta a una eventual reforma constitucional correctiva, pues el texto vigente mantiene una disposición que, en los hechos, ha quedado inaplicable por el propio criterio del Ejecutivo. Mientras no exista una modificación legislativa o un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dependencias deberán sujetarse a la interpretación emitida por la Consejería Jurídica. (El Imparcial)

El caso resulta políticamente relevante porque la contradicción no fue detectada por la oposición ni por un órgano jurisdiccional, sino por la propia Consejería Jurídica de la Presidencia, que reconoció la imposibilidad de aplicar el núcleo de una de las reformas emblemáticas en materia de austeridad promovidas por el actual gobierno. (El Diario)