Guerrero 2027: Entre la democracia y la lucha anticipada por el poder
Celestino Cesáreo Guzmán

El proceso electoral comenzó oficialmente el 7 de septiembre entre reclamos y notables ausencias en la primera sesión del IEPC.

Las precampañas para la gubernatura iniciarán el 12 de noviembre, ante el vacío legal el partido en el gobierno ha hecho de su proceso interno una larga campaña que puede calificarse como anticipada. Ya veremos que resuelve el árbitro electoral.

Cuando la disputa por una candidatura comienza muchos meses antes de los periodos legales, quienes cuentan con estructuras territoriales, recursos, cargos públicos o mayor exposición mediática parten con ventajas difíciles de compensar posteriormente.

Hay una diferencia importante entre la legalidad y la legitimidad política.
Los procesos internos de los partidos también tienen consecuencias públicas. Aunque jurídicamente se presenten como actividades dirigidas a la militancia, su impacto puede trascender al partido cuando existen recorridos masivos, propaganda, posicionamiento de nombres y construcción de estructuras electorales.

El problema no es solamente cuánto se gasta, sino quién paga y eso nadie lo ha tomado en cuenta, el árbitro electoral escogió la ruta más cómoda: se hizo a un lado argumentando un vacío legal.

Una conducta puede no reunir los elementos jurídicos necesarios para ser sancionada y, sin embargo, es sano promover una discusión pública sobre el financiamiento de la promoción personal, la transparencia o la igualdad de oportunidades.

Pero ese debate no debe sustituir el análisis jurídico ni permitir que se declare culpable a una persona sin pruebas.
La democracia necesita aspirantes que compitan, ciudadanos que cuestionen y autoridades que hagan cumplir la ley.

No se trata de prohibir las aspiraciones ni de restringir el debate político. Se trata de impedir que las ventajas indebidas sustituyan a la competencia regulada, o la frontera entre actividad partidista y promoción personal será cada vez más difícil de distinguir.

En nuestro estado el proceso electoral de 2027 representa una oportunidad para demostrar que la competencia democrática puede desarrollarse con libertad, legalidad y equidad.

Aspirar a gobernar es un derecho; respetar las reglas es una obligación. Ninguna aspiración, por legítima que sea, debe colocarse por encima de la ley, pero ninguna autoridad debe utilizar la ley para restringir injustificadamente la participación política.

El verdadero desafío no consiste en impedir que los ciudadanos manifiesten sus aspiraciones, sino en garantizar que nadie obtenga ventajas indebidas y que las instituciones actúen con independencia e imparcialidad.

Porque una elección democrática no solamente debe producir un ganador legítimo; debe garantizar que todos hayan tenido la oportunidad de competir bajo reglas justas. La fiscalización debe acompañar al proceso y no llegar cuando la ventaja ya sea irreversible.

Al final, la democracia no se fortalece únicamente con el respeto al resultado de las urnas, sino también con la legalidad y la equidad del camino que conduce a ellas.

El reto de Guerrero no será solamente organizar elecciones limpias el día de la votación, sino impedir que la elección llegue resuelta de antemano por ventajas acumuladas durante los meses previos. La equidad electoral comienza mucho antes de que aparezca la primera boleta. Veremos.

El telón de fondo

En 1935, en pleno ejercicio de la Presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas dejó en sus apuntes una reflexión que revela su concepción del poder y su compromiso con las causas populares. A diferencia de quienes, al alcanzar el poder, terminan alejándose de las necesidades del pueblo, Cárdenas entendía que gobernar exigía sensibilidad, cercanía y un profundo sentido de justicia social.

Así lo escribió:

“Acabar con las miserias que sufren las gentes está por encima de todos los intereses […] viviendo junto a las necesidades y angustias del pueblo, se encontrará con facilidad el camino para remediarlas […] he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres y desvalidos. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo”.

Han transcurrido más de noventa años y aquellas palabras conservan una inquietante vigencia.

Porque el verdadero rostro de un gobierno no se descubre en sus discursos, sino en la manera en que trata a quienes más necesitan de él.

El poder es pasajero; las necesidades del pueblo permanecen. Y la historia termina distinguiendo entre quienes llegaron al gobierno para servirse de él y quienes entendieron que gobernar significa servir.

En 1935 lo escribió Cárdenas. En 2026, la reflexión sigue vigente.