Conjeturas irresponsables de los asesores de Abelina en protección de la corrupción

Enfoque
Carlos Díaz Figueroa

Irresponsable es la forma de protección de los asesores internos del aparato de gobierno de Acapulco, al señalar actores políticos externos, según filtrados en la auditoría que se le habrá de aplicar a la alcaldesa Abelina .

Lo anterior por no comprobar presuntas anomalías en la ejecución de los recursos públicos de la comuna porteña de manera transparente, aunque, argumentado en protección con documentos de desde el órgano federal fiscalizador (ASF)

Responsabilizan y señalan a la consejera jurídica de la presidencia de la República, Estela Damián Peralta, y al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, de haber operado para que el gobierno federal audite al ayuntamiento municipal de Acapulco.

En respuesta a lo anterior diversos sectores del orden publico difieren en el señalamiento directo, particularmente al ex Gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero a quien descartan como un operador de persecución contra la edil.

La reacción de los asesores de Abelina López al interior del gobierno municipal es el centro de buscar culpables por la falta de lineamientos de transparencia con el desvío de recursos públicos notificados desde el ASE y la misma ASF.

La Auditoría Forense aplicada al Ayuntamiento de Acapulco, anunciada como parte del programa anual de fiscalización del gasto federal, comenzó a generar incertidumbre de miedo e impotencia por severas irregularidades en la comuna porteña.

Abelina junto con su equipo de asesores carecen de admisión en el sistema de transparencia y lo único es vincular actores externos y transgiversar el fondo de una auditoría evidente en actos de corrupción en el desvío de recursos públicos.

De tal manera, que sectores locales interpretan la auditoría al ayuntamiento de Acapulco no sólo como un trámite técnico, sino como parte de una serie de evidencias en el mal manejo de los recursos en los programas de obras en Acapulco.

El grado de beligerancia en el gobierno municipal es la reiterada actitud de protección al señalar que la fiscalización no implica señalamientos ni observaciones y que la totalidad del gasto federal cuenta con respaldo documental.