Jueza federal ampara a estudiantes de secundaria de Copanatoyac por carencias educativas

—La resolución obliga al Gobierno de Guerrero a garantizar el derecho a la educación de 307 adolescentes, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas

Interacción

Una jueza federal concedió un amparo a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 58 “Francisco Figueroa Mata”, ubicada en el municipio de Copanatoyac, en La Montaña de Guerrero, al determinar que las deficiencias en infraestructura y la falta de personal docente vulneran el derecho fundamental a la educación.

La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo indirecto 259/2026, promovido por madres y padres de familia ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

De acuerdo con la información compartida por Tlachinollan, la jueza Maribel Castillo Moreno consideró que las omisiones de las autoridades educativas estatales afectan los derechos de los adolescentes, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, por lo que determinó que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar una educación adecuada.

El recurso legal fue presentado el pasado 6 de marzo, después  de que la comunidad escolar denunciara las condiciones en las que opera el plantel educativo, entre ellas la falta de infraestructura suficiente, un déficit de maestros y personal administrativo, además de la carencia de conectividad para el centro de cómputo.

La secundaria atiende a 307 estudiantes, de los cuales aproximadamente 40 por ciento pertenece a comunidades indígenas y habla lenguas como náhuatl, tu’un savi y me’phaa.

Previo, los padres de familia señalaron que desde 2024 realizaron diversas movilizaciones y bloqueos para exigir a las autoridades la contratación de 26 docentes que hacían falta en secundarias de la zona escolar 15, situación que afectaba a más de mil 400 estudiantes indígenas.

En el caso particular de la Secundaria Técnica número 58, indicaron que todavía existen vacantes en las asignaturas de Español y Matemáticas, además de que continúa sin cubrirse una plaza de Artes que quedó disponible desde 2016, tras el asesinato de la profesora que desempeñaba esa función.

Por esa razón y ante la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades educativas después de las protestas, las familias optaron por recurrir a la vía judicial para exigir el respeto a los derechos de los estudiantes.

Con ese fallo, se reconoce que las carencias que enfrenta el plantel no son únicamente una problemática administrativa, sino una situación que impacta directamente en el ejercicio efectivo del derecho a la educación de cientos de adolescentes de la región de La Montaña de Guerrero, se comentó en la publicación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.