Aguirre: Justicia, no espectáculo

La detención de Ángel Aguirre Rivero desató en Guerrero la acostumbrada histeria política: gritos de “caja china”, paranoia partidista y la cacería de sospechosos para señalar al beneficiario en el tablero de la sucesión. Sin embargo, conviene matizar antes de caer en la trampa del melodrama tropical. Guerrero tiende a creerse el ombligo de la nación, pero afuera de nuestras fronteras la noticia ocupó espacios formales sin paralizar la agenda del país.

Eso no le resta gravedad.

La Fiscalía imputa a Aguirre el ocultamiento de evidencia en el caso Ayotzinapa: la presunta operación para desaparecer videos del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Jurídicamente se mantiene la presunción de inocencia, aunque el precedente de Lambertina Galeana —procesada en 2025 bajo cargos similares— evidencia que la línea de investigación sobre la obstrucción judicial no es un invento de ocasión.

Es improbable que una cinta resuelva doce años de opacidad ni que revele milagrosamente el paradero de los 43 estudiantes. No obstante, recuperar pruebas destruidas desde el poder tiene una valía propia. Para las familias de las víctimas, rescatar esos fragmentos sepultados por el aparato estatal no es un acto mediático: es arrebatarle una migaja de verdad a la impunidad.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el siguiente momento será determinante. Si la imputación por desaparición forzada prospera y el juez determina la vinculación a proceso, habrá que analizar las medidas cautelares conforme al artículo 19 constitucional, que contempla prisión preventiva oficiosa para ese delito. La determinación del centro penitenciario corresponderá a las autoridades competentes; por ello, hablar desde ahora de un traslado automático al Altiplano sería anticipar una decisión que todavía no corresponde.

Guerrero no necesita convertir a Aguirre en culpable antes de que un tribunal dicte sentencia. Lo que el estado exige es un proceso riguroso que avance sin importar apellidos ni viejas jerarquías, y que esta vez el Estado no vuelva a «perder» las pruebas que las familias llevan más de una década reclamando. La justicia no es espectáculo; es una deuda pendiente.