FGR entre las pruebas y las suposiciones

La detención de Ángel Aguirre Rivero por las investigaciones del caso Ayotzinapa abre una nueva y delicada etapa en un expediente que, a casi doce años de los hechos de Iguala, sigue acumulando preguntas, versiones encontradas y heridas abiertas. Precisamente por la dimensión del caso, cualquier valoración debe comenzar reconociendo una realidad: estamos frente a una actuación ministerial en curso y conocemos solamente una parte de los elementos que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República.

La secrecía propia de una investigación y la obligación de preservar el debido proceso impiden, por ahora, conocer el expediente completo. Por eso sería irresponsable asegurar anticipadamente la culpabilidad o inocencia del exgobernador. Pero la prudencia jurídica tampoco cancela el derecho a formular preguntas sobre la consistencia de lo que públicamente ha planteado la autoridad.

Hay, de entrada, un elemento que llama poderosamente la atención: la rapidez con la que Aguirre Rivero fue trasladado al penal federal del Altiplano. El tratamiento reservado para una detención de esta naturaleza inevitablemente proyecta ante la opinión pública una imagen de enorme gravedad antes de que un tribunal determine su responsabilidad. La justicia debe ser firme cuando existen pruebas, pero también proporcional y especialmente cuidadosa cuando está en juego la presunción de inocencia.

El punto central de la acusación conocida hasta ahora se encuentra en los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. La FGR sostiene que Aguirre habría ordenado su desaparición y ha planteado públicamente una motivación particularmente grave: que habrían sido eliminados para evitar que esos registros pudieran incriminarlo.

Es justamente ahí donde la Fiscalía tendrá que ser especialmente sólida.

Y surgen preguntas: ¿ Qué caso tenía ordenar destruir unos videos, cuando, por el contrario, investigabas previamente a los Guerreros Unidos, cuando entregó previamente información al Gobierno Federal y cuando ocurrieron los hechos efectuó detenciones y consignaciones hasta la fecha vigentes?

Una cosa es acreditar que alguien ordenó desaparecer determinadas grabaciones y otra, distinta y mucho más compleja, demostrar por qué lo hizo. Si la hipótesis ministerial sostiene que Aguirre buscaba evitar ser incriminado, tendrá que explicar cuál era concretamente el contenido que podía comprometerlo, qué vínculo tendría ese material con el entonces gobernador y cuáles son las evidencias que permiten establecer esa motivación.

De lo contrario, existe el riesgo de que una hipótesis sea presentada públicamente como una conclusión antes de ser acreditada judicialmente.

Se sabe que existen testimonios que formarían parte de la investigación. Pero incluso declaraciones incriminatorias deben ser contrastadas con otros elementos probatorios. La responsabilidad penal no debería construirse únicamente sobre el peso mediático de un señalamiento, sino sobre evidencia capaz de resistir el escrutinio de un juez y de la defensa.

Y surge otra pregunta: ¿qué contenían realmente esos videos?

Si las dos grabaciones no tenían audio, ¿qué imágenes registraron? ¿Qué podrían demostrar respecto de los estudiantes desaparecidos? ¿Permitían identificar personas, vehículos, corporaciones o movimientos relacionados directamente con los acontecimientos? ¿Cuál era su verdadera relevancia dentro de la secuencia criminal de aquella noche?. ¿de verdad pudieron reorientar la investigación?, ¿o decir eso sólo es un pretexto para proceder con toda la dureza?

Estas preguntas adquieren mayor importancia porque sobre los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia ya existieron investigaciones y reconstrucciones previas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó trabajos sobre la mecánica de los hechos a partir de testimonios y otros elementos. Si la nueva investigación de la FGR modifica, contradice o supera aquellas conclusiones, tendría que explicar por qué.

Una reinvestigación seria debe confrontar los antecedentes, señalar sus deficiencias y demostrar por qué la nueva hipótesis resulta más consistente.

Ángel Aguirre, además, ha comparecido anteriormente ante las autoridades.

Inevitablemente aparece también el componente político.

El momento de la detención alimenta interpretaciones y sospechas. El propio Aguirre había realizado recientemente declaraciones sobre la compleja relación entre autoridades y grupos criminales en Guerrero. Vincular automáticamente ambas circunstancias sería especulativo y no existen elementos públicos suficientes para establecer una relación causal. Pero precisamente por ese contexto la FGR tiene una responsabilidad adicional: impedir que cualquier sombra de utilización política se instale sobre el expediente.

La fiscal Ernestina Godoy tiene frente a sí una oportunidad y una enorme responsabilidad. La investigación debe dejar constancia de profesionalismo, imparcialidad y transparencia dentro de los límites permitidos por la ley. Tiene que quedar claro que el objetivo es conocer la verdad sobre Ayotzinapa y procurar justicia, no fabricar culpables, producir escándalos mediáticos ni administrar castigos políticos.

Porque existe un riesgo institucional evidente: si después del enorme impacto provocado por la detención la acusación no logra sostenerse ante los tribunales, el daño no recaería solamente sobre Ángel Aguirre. También golpearía la credibilidad de una investigación que México necesita que sea seria, definitiva y capaz de acercarse finalmente a la verdad.

Y tampoco sería responsable anticipar ese desenlace.

La pregunta verdaderamente importante no es si alguien confía o desconfía de Ángel Aguirre.

La pregunta es si la Fiscalía General de la República puede probar lo que afirma.

Ayotzinapa es demasiado grave para resolverlo mediante conjeturas. También es demasiado grave para convertir a cualquier persona en culpable antes de que las pruebas hablen.

Después de casi doce años, las madres y los padres de los 43, Guerrero y el país no necesitan otra verdad construida desde el poder.