Derechos de las audiencias sí; una verdad oficial, noCelestino Cesáreo Guzmán

La discusión sobre los derechos de las audiencias merece algo más que posiciones extremas. Ni toda regulación de los medios constituye censura, ni toda regulación que invoque la protección de las audiencias está automáticamente exenta de riesgos para la libertad de expresión.

En una democracia, las audiencias tienen derechos. Los ciudadanos no pueden ser considerados simples consumidores pasivos de información. Tienen derecho a distinguir una noticia de un anuncio pagado, a saber cuándo existe contenido patrocinado, a ejercer el derecho de réplica, a contar con mecanismos para presentar inconformidades y a recibir contenidos accesibles para las personas con discapacidad.

Esos avances deben reconocerse y preservarse.

La discusión actual se produce a partir de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sometido a consulta pública. El objetivo declarado es desarrollar las disposiciones establecidas en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Hay aspectos positivos que sería un error descalificar simplemente por razones políticas.

La transparencia frente a la publicidad encubierta, las defensorías de las audiencias, los códigos de ética, el derecho de réplica, la protección de niñas y niños y las medidas de accesibilidad son mecanismos que pueden mejorar la calidad de nuestra comunicación pública.

Pero existe una frontera que el Estado mexicano debe cuidar escrupulosamente.

Una cosa es proteger los derechos de las audiencias y otra muy diferente es otorgar a una autoridad administrativa la capacidad de convertirse, directa o indirectamente, en árbitro de los contenidos periodísticos.

Ahí debemos encender las alertas democráticas.

¿Quién determina cuándo una información está suficientemente contextualizada?

¿Quién decide cuándo termina la información y comienza la opinión?

¿Quién establece, frente a una investigación periodística controvertida, qué versión representa la verdad?

Esas preguntas no son menores.

Imaginemos una investigación sobre corrupción que involucra a servidores públicos. Existen documentos, testimonios y fuentes periodísticas; el gobierno rechaza las acusaciones y ofrece su propia versión. Mientras no exista una resolución judicial definitiva, ¿correspondería a una autoridad administrativa determinar cuál información es “veraz”?

Considero que no.

La democracia no necesita una verdad oficial. Necesita ciudadanos informados, periodistas responsables, medios plurales, derecho de réplica, instituciones transparentes y tribunales independientes.

México necesita mejores medios, pero también necesita medios libres.

Necesita periodistas responsables, pero no periodistas temerosos.

Necesita proteger a las audiencias sin debilitar las libertades conquistadas durante décadas.

Por eso considero que la consulta pública representa una oportunidad para corregir ambigüedades y establecer garantías inequívocas antes de que los lineamientos sean definitivos.

Los derechos de las audiencias deben fortalecerse.

La libertad de expresión también.

No tenemos que escoger entre una y otra.