Citlali Calixto se deslinda del cobro fraudulento de cheques

•               La diputada de Morena afirmó que su responsabilidad transcurrió de enero a septiembre de 2024, los reportes denunciados corresponden a otras fechas

Interacción

La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Citlali Calixto Jiménez se deslindó del presunto fraude relacionado con 50 cheques cobrados presuntamente de manera fraudulenta, ya que refiere que las fechas establecidas no corresponden al tiempo en que encabezó los trabajos del Poder Legislativo de Guerrero.

Calixto Jiménez explicó que durante el periodo en que estuvo al frente de la Jucopo, su responsabilidad administrativa, política y jurídica estuvo relacionada con la cuenta pública que comprende a los meses de enero y septiembre de 2024.

“Los encargos al interior del Congreso son encargos institucionales. Tu servidora rinde cuentas administrativas, políticas y jurídicas por la cuenta pública que nos tocó encabezar, que fue de enero de 2024 a septiembre de 2024”, afirmó.

Su declaración ocurre luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó información sobre personas relacionadas con la emisión de los cheques, entre ellas Esli Navarrete Cisneros, quien se desempeñó como secretario de Servicios Financieros durante el periodo en que Calixto Jiménez estuvo al frente de la Jucopo.

La legisladora sostuvo que las revisiones realizadas a la cuenta pública correspondiente a 2024 no han generado observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

“La cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado han señalado que no tenemos observaciones en este proceso”, aseguró.

Sobre la investigación por los cheques con presuntas firmas falsas, Calixto Jiménez consideró que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar si existe alguna responsabilidad y establecer quiénes estarían involucrados.

La diputada también señaló que el Congreso local no cuenta con facultades para determinar responsabilidades dentro de una investigación de carácter penal, por lo que planteó que el seguimiento del caso debe quedar en manos de la FGE.