Congreso de Guerrero aprueba nueva Ley para fortalecer la búsqueda y sanción de la desaparición de personas

Chilpancingo, Gro., 16 de julio de 2026.–
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este jueves la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas en el Estado de Guerrero, una reforma que actualiza el marco jurídico local para armonizarlo con la legislación federal y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer la prevención, búsqueda, investigación y sanción de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

La nueva legislación coloca en el centro a las personas desaparecidas y a sus familias, al reconocer su derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la participación activa en todas las etapas de búsqueda e investigación. Asimismo, incorpora medidas de protección diferenciada para niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas en contexto de movilidad.

Entre las principales innovaciones destaca la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar la localización de personas, la interoperabilidad de registros estatales con la Plataforma Única de Identidad nacional, el uso de datos biométricos y la activación inmediata de mecanismos como la Alerta Amber, el Protocolo Alba y la Alerta Violeta cuando se reporte la desaparición de personas pertenecientes a grupos prioritarios.

La ley fortalece además el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas mediante una mayor coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada, el Servicio Médico Forense, los servicios periciales, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los ayuntamientos y el Consejo Estatal Ciudadano, este último con participación de familiares y especialistas para supervisar las acciones institucionales.

Con la reforma también se establece la obligación de los municipios de conformar células municipales de búsqueda y colaborar de manera inmediata con las autoridades estatales, mientras que los familiares de las víctimas podrán proponer diligencias, acceder a la información de los casos y participar de forma activa durante los procesos de búsqueda e investigación.

No obstante, una revisión del contenido de la nueva legislación advierte que su eficacia dependerá de diversos factores, entre ellos la disponibilidad de recursos presupuestales, la profesionalización del personal, la coordinación efectiva entre autoridades estatales y municipales, así como la capacidad institucional para proteger la información personal y genética de las víctimas y evitar procesos de revictimización.

El análisis también identifica desafíos relacionados con la seguridad de familiares, colectivos de búsqueda y servidores públicos que intervienen en las investigaciones, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos, además de la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación permanente del desempeño de las instituciones responsables.

Con esta aprobación, Guerrero actualiza su legislación en una de las materias más sensibles para la entidad y da un paso hacia la consolidación de un modelo de búsqueda e investigación alineado con la Ley General y los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, especialistas coinciden en que los resultados dependerán de que las nuevas disposiciones se traduzcan en recursos suficientes, coordinación institucional efectiva y una implementación que garantice respuestas oportunas a las víctimas y sus familias.