Congreso recibe iniciativas de transparencia y protección de datos; ambas propuestas, con riesgos de fragmentación y menor autonomía

Chilpancingo, Gro., 16 de julio de 2026.-

El Congreso del Estado recibió dos iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Una revisión de sus contenidos, advierte riesgos de fragmentación institucional, menor autonomía de las autoridades garantes y posibles dificultades operativas para garantizar plenamente los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales.

Las propuestas plantean un nuevo modelo institucional mediante el cual desaparece el esquema centralizado que anteriormente ejercía el Instituto de Transparencia del Estado y distribuye sus funciones entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Órgano Interno de Control del Congreso, el Tribunal de Disciplina Judicial y los órganos internos de control de los organismos autónomos. Si bien el objetivo es armonizar la legislación estatal con las reformas federales, la revisión de ambas iniciativas identifica diversos riesgos jurídicos y operativos.

Uno de los principales riesgos es la fragmentación de las autoridades garantes, ya que la distribución de competencias entre distintos órganos podría generar criterios contradictorios, duplicidad de funciones y mayor dificultad para que los ciudadanos identifiquen a la instancia responsable de resolver sus solicitudes de información o de proteger sus datos personales. Incluso, una misma solicitud podría recibir respuestas diferentes dependiendo de la autoridad que la conozca.

También existe el riesgo de disminución en la autonomía institucional, debido a que las autoridades encargadas de garantizar el derecho de acceso a la información y de imponer sanciones quedarían adscritas a los propios poderes públicos que deben supervisar. Esto podría traducirse en conflictos de interés y en una menor independencia para resolver recursos o sancionar incumplimientos cuando involucren a las instituciones de las que forman parte.

Otro aspecto identificado es la complejidad operativa del nuevo modelo, ya que la coordinación entre múltiples autoridades podría incrementar la carga burocrática, retrasar la resolución de recursos de revisión y generar incertidumbre sobre la interpretación uniforme de la ley. Aunque se crea un Subsistema Estatal de Transparencia para coordinar acciones, las iniciativas no establecen mecanismos claros para resolver conflictos de competencia entre las distintas autoridades garantes.

En materia de protección de datos personales, la revisión señala que la iniciativa impone obligaciones amplias a todos los sujetos obligados, como implementar medidas de seguridad, realizar evaluaciones de impacto, capacitar permanentemente al personal y fortalecer controles administrativos, sin prever mecanismos que garanticen recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes, especialmente para municipios con capacidades institucionales limitadas.

Asimismo, aunque la propuesta reconoce una protección especial para datos sensibles y para grupos vulnerables, no desarrolla procedimientos específicos de accesibilidad, protocolos diferenciados ni mecanismos concretos que faciliten el ejercicio de derechos por parte de personas con discapacidad, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros sectores de atención prioritaria.

Se identifica también que las sanciones previstas podrían resultar insuficientes para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de sujetos obligados de mayor tamaño y que no se contemplan mecanismos sólidos de seguimiento público para verificar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades garantes.

Otro de los focos de riesgo se encuentra en el proceso de transición derivado de la desaparición del Instituto de Transparencia. La transferencia de expedientes, archivos, bases de datos y procedimientos en curso podría generar retrasos, pérdida de información o incertidumbre jurídica para quienes actualmente mantienen recursos o solicitudes pendientes de resolución.

La revisión concluye que, aunque ambas iniciativas buscan actualizar el marco jurídico estatal conforme al nuevo modelo federal de transparencia y protección de datos, su implementación requerirá fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, homologar criterios de actuación, garantizar capacidad técnica y presupuestal suficiente para las nuevas autoridades garantes y establecer salvaguardas que preserven la autonomía e imparcialidad en la tutela de dos derechos fundamentales para la ciudadanía: el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.