CRAC-PF y CIPOG exigen que pare la persecusión de sus líderes

*_La organización denunció presuntos abusos de la Fiscalía de Guerrero y pidió la intervención de organismos de derechos humanos

Interacción

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero (CIPOG) exigieron a las autoridades el cese de la persecución contra los pueblos indígenas.

Durante una marcha realizada este miércoles en Alcozacán, , acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de cometer presuntos abusos y detener a sus representantes, en lugar de investigar las agresiones que han sufrido sus comunidades.

En  un mensaje dirigido a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y a la población en general, integrantes de la organización denunciaron que los pueblos indígenas se encuentran en condiciones de indefensión y carecen de espacios para hacer escuchar sus demandas.

El pronunciamiento fue leído después de la marcha realizada en la localidad de Alcozacán, convocada por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la que participaron habitantes de la región para exigir justicia y el respeto a sus derechos.

En el documento, la CRAC-PF señaló que, mientras las autoridades no han actuado contra quienes responsabilizan de las agresiones a sus comunidades, la Fiscalía ha emprendido acciones legales contra integrantes de sus organizaciones, entre ellos Sixto Mendoza y Jesús Plácido.

Los representantes comunitarios recordaron los ataques registrados del 6 al 11 de mayo, cuando denunciaron, civiles fueron agredidos mediante explosivos lanzados con drones, situación que provocó el desplazamiento de más de 800 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán.

Afirmaron que los presuntos responsables están identificados por los habitantes como integrantes del grupo delictivo Los Ardillos; sin embargo, acusaron que las autoridades no han actuado para detenerlos, pese a que, aseguraron, el gobierno tuvo conocimiento de los hechos.

Ante esta situación, exigieron detener lo que consideran una persecución judicial contra sus pueblos y el encarcelamiento de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, hicieron un llamado al titular de la Fiscalía General del Estado, Jesús Urióstegui García, para que cesen, según expresaron, las acusaciones y la fabricación de delitos contra integrantes de sus comunidades.

La CRAC-PF insistió en que las autoridades deben garantizar la seguridad de las comunidades indígenas y actuar contra quienes sean responsables de los ataques, en lugar de criminalizar a quienes, sostuvieron, buscan defender a sus pueblos.