Detienen a Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan, por presunto encubrimiento en el caso Carlos Manzo  

Michoacán, México. – Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron este jueves a Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.  

La aprehensión de la funcionaria municipal se da en el marco de las indagatorias por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario del crimen.  

Antecedentes y desacato de citatorios

De acuerdo con la información oficial, el arresto ocurre después de que Vargas hiciera caso omiso a tres citatorios consecutivos emitidos por la autoridad ministerial para comparecer en calidad de investigada, situación por la cual se le había impuesto una multa previamente. Ante la negativa de presentarse voluntariamente, se solicitó y cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.  

Vínculos familiares bajo investigación

Las pesquisas de la Fiscalía de Michoacán han señalado un entorno cercano de la funcionaria implicado en diferentes niveles con la estructura criminal investigada por el atentado:  

 Alejandro “N” (alias “El Macas”): Hijo de la secretaria y exintegrante del equipo de escoltas de Carlos Manzo, detenido por su presunta responsabilidad en homicidio doloso por omisión.  

 Cristian “N” (“El Vikingo”) y Alexis “N” (“El Brilloso”): Sobrinos de la funcionaria, vinculados a la red de presunta filtración de información sobre las actividades del exedil.  

Pese a estos parentescos, las autoridades aclararon que la vinculación familiar no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad penal directa, y corresponderá a la fiscalía detallar las acciones específicas que se le imputan de manera individual a la titular de Bienestar.  

Situación jurídica

Rosa Alejandra Vargas fue presentada de inmediato ante la autoridad judicial encargada de definir su situación legal bajo el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, mientras la investigación general del caso mantiene un avance estimado del 90% con más de 3 de decenas de personas detenidas hasta la fecha.