Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada

Ciudad de México. Tras una audiencia inicial que se prolongó por casi 40 horas, una jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete imputados por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada vinculada con el denominado «huachicol» ferroviario.

Durante la diligencia, encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones. Al concluir el debate, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine si los acusados son vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República informó que las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la cual permitió identificar un presunto esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.

De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante un mecanismo de contrabando consistente en introducir hidrocarburos al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes de combustible o clasificando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos. La FGR sostiene que este tipo de operaciones no solo provoca un daño significativo a las finanzas públicas, sino que también fortalece las estructuras financieras de organizaciones criminales.

Las indagatorias señalan que las operaciones atribuidas al grupo, presuntamente relacionado con la empresa Ingemar —de la que Ruffo Appel sería accionista mayoritario—, habrían ocasionado entre enero y julio de 2025 un quebranto cercano a los 4 mil millones de pesos al erario federal por el incumplimiento de obligaciones fiscales.

Tras concluir la audiencia, Ernesto Ruffo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, «Altiplano», en el Estado de México, bajo un amplio dispositivo de seguridad. El convoy estuvo integrado por vehículos blindados, entre ellos una unidad táctica Black Mamba, además de patrullas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Junto con el exmandatario también fueron trasladados Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.

El caso representa uno de los expedientes más relevantes abiertos por la FGR en el combate al tráfico ilegal de combustibles, un delito que en los últimos años ha evolucionado del robo directo a ductos hacia esquemas de importación irregular y evasión fiscal, considerados por las autoridades como una de las principales fuentes de financiamiento de grupos delictivos.