Investiga ASF posibles redes de corrupción en contratos del INE y organismos electorales locales durante 25 años
Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa 25 años de contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), ante la detección de posibles irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos.
La revisión contempla adquisiciones, servicios, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales que podrían involucrar a grupos empresariales y servidores públicos.
El alcance de la revisión podría abrir uno de los capítulos más relevantes de fiscalización sobre el uso de recursos públicos destinados a la organización de elecciones en México, al contemplar contratos, proveedores, grupos empresariales y la actuación de servidores públicos.
De acuerdo con el comunicado difundido, la ASF desarrolla una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas realizadas por organismos electorales federales y estatales.
La segunda línea contempla un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre los años 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales que pudieran involucrar a empresas y funcionarios.
La tercera medida consiste en una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales, lo que coloca también bajo revisión el manejo de recursos públicos vinculados con las autoridades electorales de las entidades federativas, incluido Guerrero.
Advierten irregularidades históricas
El documento señala que los trabajos de inteligencia realizados y el análisis de información solicitada a las entidades federativas advierten la posible comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con el INE, el IFE y los OPLEs.
Aunque el comunicado no identifica empresas, funcionarios o contratos específicos, el anuncio abre interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la transparencia en las adquisiciones y los controles financieros que han operado durante más de dos décadas.
La investigación adquiere especial relevancia ante el proceso electoral de 2027, cuando las instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones enfrentarán nuevamente el escrutinio público sobre su autonomía, transparencia y administración presupuestal.
En Guerrero, el alcance de la revisión podría resultar particularmente relevante para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en la medida en que sus contrataciones y recursos sujetos a fiscalización federal formen parte de los trabajos anunciados.
La ASF sostuvo que estas acciones se realizan dentro del ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
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