Morena endurece filtros para 2027; gabinete de seguridad revisará perfiles para evitar vínculos criminales

Ciudad de México, 21 de julio de 2026.-

En respuesta a los cuestionamientos que en los últimos años han alcanzado a diversos servidores públicos y candidatos señalados por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, Morena anunció que aplicará un doble mecanismo de revisión para quienes aspiren a un cargo de elección popular en el proceso electoral de 2027. La dirigencia nacional informó que la evaluación no dependerá únicamente de las encuestas internas, sino también de un análisis de antecedentes realizado con el apoyo del gabinete de seguridad y del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que la primera revisión estará a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, mientras que un segundo filtro consistirá en la verificación de información con las instituciones de seguridad, con el objetivo de detectar posibles nexos con la delincuencia organizada, antecedentes de violencia contra las mujeres, violencia política de género u otras conductas que comprometan la elegibilidad de los aspirantes.

“Vamos a pedirle al gabinete de seguridad que nos apoye con la revisión; eso es lo que se planteó en la ley para los partidos, pero nosotros lo vamos a pedir desde antes”, sostuvo Montiel. Añadió que el análisis incluirá también la revisión de información pública disponible en medios de comunicación y redes sociales para identificar antecedentes que puedan afectar la idoneidad de quienes busquen una candidatura.

La dirigente nacional dejó claro que el resultado de estas revisiones tendrá un peso definitivo en la selección de candidatos. “Aunque estén bien en las encuestas, si se les encuentran cosas, no se va a permitir”, advirtió, al subrayar que Morena pretende fortalecer sus mecanismos internos de control ante un proceso electoral que movilizará a más de 20 mil aspirantes entre propietarios y suplentes para gubernaturas, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión sobre la clase política mexicana por presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. En meses recientes, el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, colocó nuevamente el tema en el centro del debate público, luego de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que él ha rechazado de manera reiterada y que el Gobierno de México ha calificado como carentes de pruebas suficientes. (Reuters)

A este escenario se suman las recientes declaraciones del director de la DEA, Terrance Cole, quien afirmó que la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico no concluirá con las acciones emprendidas contra Ismael “El Mayo” Zambada y que continuará con investigaciones dirigidas también contra funcionarios públicos y actores políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. El funcionario sostuvo que el combate a la corrupción política forma parte de la siguiente etapa de esa ofensiva, declaraciones que provocaron una respuesta del gobierno mexicano, el cual rechazó los señalamientos por considerarlos infundados y defendió el respeto a la soberanía nacional. (El País)

Con este nuevo esquema de revisión, Morena busca anticiparse a eventuales controversias durante la definición de candidaturas para 2027 y blindar sus postulaciones frente a investigaciones o antecedentes que puedan afectar la credibilidad del partido, en una elección que será una de las más amplias de la historia del país por el número de cargos que estarán en disputa.