Para evitar más retrasos, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley contra la Desaparición Forzada sin la presencia de madres buscadoras

•               Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la JUCOPO sostiene que el Poder Legislativo priorizó sacar adelante la iniciativa cuanto antes, para no prolongar más la espera de los colectivos

Interacción

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla justificó que la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas para el estado de Guerrero se haya aprobado sin la presencia de colectivos que incorporan a madres buscadoras, pues sostiene que para invitar a todas las organizaciones se habría tenido que prolongar la discusión del dictamen por lo menos otro mes más.       

La ley de referencia se presentó ante el Pleno en sesión extraordinaria el pasado 16 de julio y se aprobó de manera unánime, pero fue notoria la ausencia de los colectivos que aglutinan a madres buscadoras en las ocho regiones de la entidad.

De hecho, en la reunión que sostuvieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la residencia oficial Casa Guerrero, los voceros de varias asociaciones de familiares de desaparecidos dejaron de manifiesto su malestar por la forma en que el Congreso desahogó el tema.

Sin embargo, destacaron que por el momento les genera cierta tranquilidad el que se considere un financiamiento de por lo menos 45 millones de pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP) y la creación de un instituto para procesar la información genética de los cadáveres que saturan las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Colectivos como Lupita Rodríguez, Guerrero No Más Desaparecidos y Memoria Verdad y Justicia, entre otros, dijeron que todavía no conocen los términos en los que se aprobó la ley, por lo que están a la espera de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Badillo Escamilla explicó que los diputados buscaron agilizar el procedimiento, para evitar que se retrasara su aprobación.

De acuerdo con el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, la intención era que el proceso legislativo concluyera sin contratiempos, lo que evitó que el dictamen se retrasara por algunas semanas, incluso hasta por espacio de un mes. 

«No quisimos correr ningún riesgo, como el hecho de que la distribución de las invitaciones formales provocara que este asunto se postergara», anotó.

Badillo Escamilla reconoció que los colectivos fueron quienes impulsaron durante años la creación de la legislación, ya que en los hechos el Congreso únicamente fungió como el instrumento para concretarla.

Sostuvo que hubo más de 200 reuniones y que en el procesamiento de la iniciativa, jugó un papel muy importante la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.