Privación de la libertad no anula derecho de Ángel Aguirre a recibir atención médica, sostienen

—El exgobernador de Guerrero obtuvo una suspensión de plano para garantizar el suministro de sus medicamentos; demandan que también tenga acceso a valoración especializada

Acapulco, Gro., 12 de octubre de 2026.— La condición de persona privada de la libertad no elimina el derecho del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a recibir medicamentos, atención médica adecuada y un trato digno, señalaron integrantes de la comunidad de Ometepec al pronunciarse sobre su situación de salud en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

De acuerdo con el pronunciamiento, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión de plano dentro del juicio de amparo 1200/2026, promovido ante la presunta negativa de las autoridades penitenciarias para permitir que Aguirre Rivero recibiera sus medicamentos.

El documento señala que el exmandatario presenta diversos padecimientos que requieren seguimiento médico, entre ellos diabetes e hipertensión arterial, además de problemas renales y urinarios, dolores de columna, lumbar y abdominal, dificultades respiratorias, debilidad y problemas para caminar.

La exigencia central es que se garantice integralmente su derecho a la protección de la salud, independientemente del proceso jurídico que enfrenta. El artículo 4° de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, mientras que la condición de interno en un centro penitenciario no implica la pérdida de ese derecho.

Los promoventes sostienen que la entrega de medicamentos representa un primer paso, pero consideran necesario que Aguirre Rivero pueda ser valorado por especialistas y, si médicamente resulta indispensable, trasladado a una institución hospitalaria con capacidad para atender sus padecimientos.

Precisaron que el traslado hospitalario todavía no está resuelto por la determinación judicial referida, por lo que solicitaron a las autoridades penitenciarias tomar en cuenta su expediente clínico y garantizar la atención que corresponda conforme a su condición médica.

“Estar privado de la libertad no significa perder el derecho a estar sano y a recibir atención médica digna”, señalaron.

El llamado, subrayaron, no busca modificar la situación jurídica del exgobernador, sino garantizar un derecho que debe protegerse para cualquier persona bajo custodia del Estado: recibir atención médica oportuna, suficiente y acorde con la gravedad de sus padecimientos.

Puedo hacerla también con un enfoque más político y de derechos humanos, reforzando que el Estado tiene una responsabilidad especial sobre la integridad de las personas que mantiene bajo su custodia.