Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestan ante despidos masivos

* Las decisiones arbitrarias perjudican también a quienes requieren de acompañamiento legal

Interacción

Integrantes del Poder Judicial de la Federación realizaron una manifestación en Chilpancingo para exigir la revisión de los despidos registrados dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), pued consideran que son medidas arbitrarias e ilegales.

Durante la protesta, los abogados señalaron que los despidos afectan a la base trabajadora, pero también a las personas que requieren de atención jurídica gratuita.

La movilización fue respaldada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (SNTPJF), cuyos integrantes señalaron que a nivel nacional, 43 trabajadores sociales fueron separados de sus cargos de manera injusta.

Entre los casos expuestos se encuentra el de Judith Rocío Gama Escobar, quien se desempeñaba en la oficina de Acapulco y acumulaba más de 15 años de experiencia laboral, lo que no fue tomado en cuenta al momento de realizar el cese.

José Uriel Vega Sierra, delegado sindical en Chilpancingo, explicó que aunque las personas despedidas ocupaban plazas de confianza, el gremio decidió acompañar su exigencia, ante la incertidumbre que existe entre el personal de distintas áreas.

Indicó que los ajustes presupuestales implementados por el órgano de administración judicial podrían provocar nuevas bajas, por lo que pidieron que se respeten los derechos laborales y se eviten medidas que dejen sin empleo a trabajadores con trayectoria dentro de la institución.

En el caso de Guerrero, detallaron que la afectación directa corresponde a una trabajadora adscrita a Acapulco, quien brindaba acompañamiento y orientación a personas de bajos recursos que buscan acceder a servicios de defensa y asesoría legal.

Raúl Ramírez, secretario de Tribunales de Circuito, señaló que la reducción de trabajadores sociales y asesores jurídicos puede limitar la capacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender asuntos penales, amparos y otros procedimientos en los que la ciudadanía requiere representación gratuita.

Los inconformes sostuvieron que los despidos contradicen los compromisos anunciados durante el proceso de reforma judicial, cuando se afirmó que no habría afectaciones a los derechos de las y los trabajadores.

También cuestionaron que se prescinda de personal con experiencia mientras se incorporan nuevos empleados, pues consideraron que la falta de conocimiento operativo puede repercutir en la calidad de los servicios de justicia.

Los manifestantes solicitaron a las autoridades judiciales frenar los recortes, revisar los casos de despido y garantizar que el Instituto Federal de Defensoría Pública mantenga la capacidad necesaria para atender a los sectores que no cuentan con recursos para contratar una defensa particular.