Una nueva “verdad histórica” sobre Ayotzinapa: testimonios colocan a Aguirre en el centro y dejan fuera la trama del Puente del Chipote

Redacción 

Acapulco, Guerrero, 9 de agosto de 2026.-

La acusación por desaparición de personas contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero publicada por el periódico La Jornada este domingo (https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/09/politica/testigos-vinculan-a-angel-aguirre-con-grupos-delictivos-de-guerrero )descansa en declaraciones de Lambertina Galeana y una ex visitadora del TSJ, Blanca del Rocío Estrada, que le atribuyen conocimiento y encubrimiento de los hechos, dejan en segundo plano la reconstrucción ( https://youtu.be/auVMI_4Pkac) sobre policías federales, estatales, municipales y militares en la desaparición de normalistas, así como las acciones desplegadas por el gobierno estatal en las horas posteriores a los ataques

La audiencia contra Ángel Aguirre Rivero comenzó a dibujar una nueva narrativa sobre el caso Ayotzinapa. A casi 12 años de los hechos, las declaraciones colocan ahora al entonces gobernador en el centro de una presunta operación para desaparecer videos de los ataques contra los normalistas y sugieren una supuesta conexión con Guerreros Unidos.

Es una reconstrucción que, por su alcance político, inevitablemente recuerda el problema que acompañó a la llamada “Verdad Histórica”: construir una explicación general a partir de determinados testimonios y dejar en los márgenes otros elementos sin agotar las líneas de investigación.

Durante la audiencia realizada el viernes en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, la Fiscalía General de la República imputó a Aguirre Rivero los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia y presentó fragmentos de las declaraciones de dos testigos colaboradoras: la ex presidenta y la ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

La FGR añadió un informe según el cual Aguirre conocía la presencia en Guerrero de organizaciones como Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana. Sin embargo, conocer institucionalmente la existencia y operación de organizaciones criminales en el territorio estatal no equivale, por sí mismo, a acreditar una relación personal o criminal con ellas.

Ahí aparece uno de los puntos que tendrá que resolver el proceso judicial: qué parte de la imputación está corroborada mediante pruebas independientes y qué parte descansa en las afirmaciones de testigos colaboradores y personas relacionadas con los propios acontecimientos.

Porque mientras la audiencia coloca los reflectores sobre Aguirre y los videos del Tribunal Superior de Justicia, queda en segundo plano otra reconstrucción mucho más amplia de lo sucedido aquella noche frente al Palacio de Justicia.

Entre aproximadamente las 21:40 y las 22:37 horas del 26 de septiembre, el autobús Estrella de Oro 1531 fue interceptado en el denominado Puente del Chipote. Las investigaciones posteriores han ubicado en ese perímetro a policías municipales de Iguala y Huitzuco, policías estatales y elementos federales, además de la presencia de un agente de inteligencia militar.

El chofer del autobús declaró que, tras la llegada de la patrulla 9908 de la Policía Federal, un policía municipal comunicó a los federales que los estudiantes serían llevados a Huitzuco para que “el patrón” decidiera qué hacer con ellos. El conductor identificó posteriormente a un elemento federal que habría estado presente.

La reconstrucción técnica incorporó además registros telefónicos, comunicaciones, geoposicionamiento de unidades y datos de conectividad de los celulares de los estudiantes. Los teléfonos de varios normalistas permanecieron conectados a la antena del área del Palacio de Justicia hasta aproximadamente las 22:37 horas y posteriormente registraron actividad en Huitzuco, incluida una conexión alrededor de las 23:37 horas.

También existen investigaciones y procesos contra policías federales relacionados con aquella noche, entre ellos Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, así como contra Luis Antonio Dorantes Macías, entonces jefe de la Estación de la Policía Federal en Iguala, señalado por presuntas irregularidades en bitácoras e informes posteriores a los acontecimientos.

A esa trama se agregan policías de Huitzuco e Iguala, elementos estatales y la presencia del subteniente Eduardo Mota Esquivel, agente de inteligencia militar que estuvo en la zona y tomó fotografías de los acontecimientos.

Es decir, el escenario del Palacio de Justicia no estaba vacío ni dependía exclusivamente de decisiones tomadas desde Chilpancingo: allí operaban y se desplazaban distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno mientras Guerreros Unidos mantenía una extensa red de penetración entre policías municipales de la región.

Sin embargo, la narrativa conocida durante la audiencia desplaza buena parte de esa complejidad para concentrarse en lo que supuestamente ocurrió tres días después, el 29 de septiembre, cuando las grabaciones llegaron a manos del gobernador.

También deja en segundo plano otro capítulo que resulta necesario para evaluar integralmente la responsabilidad política y operativa de las autoridades: qué hizo el gobierno de Guerrero durante las horas inmediatamente posteriores a los ataques, cuáles fueron sus operativos, qué personas fueron detenidas, qué intervenciones permitieron localizar o auxiliar a estudiantes y cuántos normalistas fueron puestos a salvo.

Esos antecedentes son relevantes porque permiten contrastar la hipótesis de una estructura gubernamental dedicada deliberadamente a facilitar la desaparición con las actuaciones concretas realizadas por dependencias estatales durante la emergencia. Que esas acciones hayan sido suficientes, tardías, deficientes o determinantes es una discusión distinta; simplemente excluirlas produce una reconstrucción incompleta.

Aguirre gobernó Guerrero del 21 de abril de 2011 al 24 de octubre de 2014 y dejó el cargo como consecuencia de la crisis política desatada por la desaparición de los 43 estudiantes.

Ahora, casi 12 años después, la FGR plantea que no solamente habría conocido información relacionada con los grupos criminales que operaban en Guerrero, sino que habría intentado eliminar evidencia para proteger a una persona de su círculo familiar.

La gravedad de la acusación exige precisamente por eso un estándar probatorio igualmente alto.

Las declaraciones de Lambertina Galeana, de la ex visitadora y de Sidronio Casarrubias son elementos que deberán ser valorados judicialmente, pero el proceso tendrá que determinar si existen pruebas materiales, documentales, periciales, digitales o testimonios independientes que corroboren las afirmaciones centrales: que Aguirre conocía anticipadamente la participación de su sobrino; que éste tenía vínculos con Guerreros Unidos; que el ex gobernador ordenó desaparecer los videos; cuál habría sido exactamente la ejecución de esa orden y quién materialmente destruyó las grabaciones.

Porque el riesgo, después de más de una década de investigaciones contradictorias sobre Ayotzinapa, sería sustituir una explicación cuestionada por otra narración totalizadora.

El Puente del Chipote sigue planteando una pregunta mucho más inmediata: quiénes estuvieron físicamente frente al Palacio de Justicia entre las 21:40 y las 22:37 horas, quiénes cercaron el Estrella de Oro 1531, quiénes sometieron a sus ocupantes, quién permitió su traslado y por qué algunos de sus teléfonos registraron posteriormente actividad en Huitzuco.

Resolver esas preguntas, junto con esclarecer el destino de los 43 normalistas, continúa siendo indispensable para determinar si lo revelado ahora en tribunales completa la historia de aquella noche o solamente construye un nuevo capítulo de una verdad todavía en disputa.