Ya son cuatro días que mantienen retenidos a dos funcionarios de Guerrero

—Exigen la liberación de líder indígena
—Habitantes de Buenavista, San Luis Acatlán, condicionan la liberación de los servidores públicos con la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ

Rosario García Orozco

La exigencia de libertad para el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, mantiene abierta una situación de tensión en la Costa Chica, donde pobladores de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, mantienen retenidos a dos funcionarios estatales y a una tercera persona.

Los servidores públicos retenidos son Rafael Julián Arcos, director de Gobernación del estado, y Germán Herrera, delegado de esa dependencia en la región Costa Chica, quienes permanecen retenidos en esa comunidad desde el lunes 20 de julio, de acuerdo con información oficial.

La retención ocurrió luego de que ambos funcionarios acudieron a dialogar con habitantes e integrantes del CIPOG-EZ que mantenían un bloqueo sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de Marquelia.

Tras las conversaciones, los manifestantes accedieron a retirar el bloqueo, pero solicitaron que los funcionarios los acompañaran a Buenavista, comunidad de origen de Plácido Galindo, con el propósito de instalar una mesa de diálogo y buscar una salida al conflicto.

Sin embargo, durante una asamblea realizada el martes, los pobladores determinaron mantener bajo su resguardo a los representantes del gobierno estatal hasta que se concrete la liberación del dirigente indígena.

La inconformidad se reavivó este jueves con una movilización en Buenavista, en la que pobladores y miembros de la organización insistieron en su demanda de que Plácido Galindo sea puesto en libertad.

El dirigente del CIPOG-EZ fue detenido el pasado 17 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Actualmente, su situación jurídica se encuentra en manos de las autoridades del Poder Judicial, que deberán determinar lo conducente conforme al proceso legal.

Mientras tanto, la permanencia de los funcionarios retenidos mantiene la tensión en la región, ante la exigencia de los pobladores de que se resuelva primero la situación legal de su dirigente.