Andrés Aguirre
El martes 25 de febrero, el Senado de la República tomó una decisión clave sobre la reforma constitucional para prohibir el nepotismo político-electoral, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y presentada en la Cámara Alta por el presidente de la Junta de Coordinación Política. Aunque la propuesta fue aprobada con mayoría calificada, con 98 votos a favor y 25 en contra, sufrió una modificación promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): su entrada en vigor se pospuso hasta 2030 en lugar de 2027, como estaba originalmente planteado.
Este cambio genera una preocupación legítima: ¿realmente el Senado está legislando en favor del pueblo o respondiendo a intereses políticos y electorales? Más allá de la aprobación de la reforma, lo ocurrido deja en evidencia que la supermayoría en la Cámara Alta no dudó en modificar una propuesta clave del Ejecutivo, lo que podría interpretarse como un desafío a la presidenta Sheinbaum. En lugar de enviar un mensaje de unidad y compromiso con las causas sociales, el Senado parece priorizar acuerdos internos y estrategias partidistas.
Ser mayoría calificada implica más que tener los votos suficientes para imponer decisiones. Significa construir consensos que beneficien al país, actuar con responsabilidad y garantizar que las reformas respondan al interés general, no a los intereses de ciertos grupos políticos. La decisión de retrasar la entrada en vigor de esta reforma genera dudas sobre las verdaderas intenciones de quienes ostentan el poder legislativo, sobre todo cuando en algunos estados hay evidentes casos de nepotismo y gobernantes que buscan mantener el control a través de familiares directos.
No podemos ignorar que México ha atravesado momentos históricos en defensa de su soberanía y su democracia. Basta recordar la Batalla de Puebla, una lucha en la que el país demostró su capacidad de autodeterminación. Ese mismo espíritu debe guiar la toma de decisiones en el Senado: legislar con independencia y responsabilidad, sin subordinación a intereses partidistas. Sin embargo, lo sucedido con esta reforma nos recuerda que las alianzas políticas y la preservación del poder siguen siendo prioridad para muchos legisladores.
Era el momento para que el partido en el poder y su mayoría legislativa enviaran un mensaje claro de coordinación con el Ejecutivo, demostrando que se está trabajando en conjunto para transformar el país. Se trataba de poner por delante el bienestar de la nación y acabar con el cacicazgo que ha permitido a ciertas familias mantenerse en el poder generación tras generación. Pero no. Una vez más, los acuerdos políticos y los intereses personales se impusieron sobre la oportunidad de un verdadero cambio.
Ahora, la responsabilidad está en manos de la ciudadanía. Debemos analizar con detenimiento a los perfiles que participarán en los próximos procesos electorales y exigir a los partidos políticos que postulen a personas comprometidas con el bienestar social, no con la acumulación de poder. Nuestra mejor herramienta para frenar estas prácticas es el voto, porque está claro que centrar el poder en un solo partido y otorgarle la mayoría calificada no garantiza el desarrollo de un país.
