• Advierten que la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está incompleta
• Se supedita a las policías comunitarias al marco legal vigentes, lo que las deja inoperativas
SNI
Representantes de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), solicitaron al Poder Legislativo del estado y la federación, que haya voluntad política para revisar de manera integral la reforma en materia de derechos y cultura indígena, pues aseguran que la promovida por la presidencia de la República está incompleta.
En las instalaciones del Congreso local, los representantes de la CRAC-PF señalaron que el Congreso de la Unión debe valorar la posibilidad de retomar la iniciativa trabajada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), ya que es producto de por lo menos 50 foros de consulta realizados en diferentes partes del país, además de que plantea la reforma de 16 artículos de la Constitución General de la República.
En cambio, la propuesta de la presidencia solamente considera modificar el artículo 2 Constitucional, lo que implica desmantelar todo el andamiaje de derechos y cultura indígena, lo que deja de lado demandas que son históricas.
Martín Rosales Sierra, uno de los abogados que acompañó a los consejeros de la CRAC-PC, explicó que en la iniciativa presidencial, el derecho de las comunidades a garantizarse seguridad y administrar la justicia quedan supeditadas al orden legal vigente, ya que no se modifica el articulo 21 constitucional.
En esa parte, sostienen que las policías comunitarias son acotadas y se les deja completamente inoperantes, porque se limita su trabajo en materia de seguridad pública, persecución de los delitos y administración de la justicia bajo los sistemas normativos de los pueblos originarios.
De acuerdo con Rosales Sierra, en la iniciativa del presidente no figura el derecho a los territorios y bienes naturales no figura, situación que imposibilita el ejercicio del derecho a la libre determinación, autogobierno y autonomía de las comunidades indígenas.
Mientras no existan ese tipo de garantías, dijo que los pueblos originarios serán presa fácil de las concesiones otorgadas a empresas mineras multinacionales, lo que implica el riesgo de ser desplazados en masa de sus territorios.
Indicaron que solo con una reforma completa se podrá garantizar la libre determinación de los pueblos, por el contrario, se corre el riesgo de generar un asistencialismo respecto de los programas sociales, lo que implica condenar a los pueblos originarios a la pobreza.
El llamado está firmado por las coordinaciones de las casas de justicia de San Luis Acatlán,
