El libro “La otra verdad”, de Ángel Aguirre Rivero

En el libro publicado en el año 2022, Aguirre Rivero le dedica un capítulo completo al tema de Ayotzinapa.

Aguirre siempre se mostró preocupado y como el más interesado en saber la verdad sobre los lamentables acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala.

En el capítulo 1, llamado “Iguala, las horas ciegas”, explica que el 26 de septiembre, pasadas las diez de la noche, ya había dado la indicación al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; al fiscal del estado, Iñaki Blanco, y al secretario de Seguridad Pública, el teniente Leonardo Vázquez, para que se trasladaran al lugar en compañía del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien documentó la actuación de los funcionarios y del personal a su cargo.

A las 23:00 horas, la Fiscalía General de Guerrero tomó conocimiento de los hechos, cuando un médico de guardia del Hospital General, el doctor Jorge Soberón Acevedo, dio parte al agente del Ministerio Público del fuero común del ingreso de tres personas lesionadas.

Luego, a las 23:20 horas, se conoció que había sido atacado otro autobús que trasladaba al equipo de fútbol Los Avispones, donde lamentablemente murieron un jugador, el chofer del autobús y una mujer que viajaba en taxi. Con ello, se entiende que se dieron aproximadamente ocho eventos en diferentes puntos de la ciudad esa misma noche.

Menciona que, en las primeras horas del 27 de septiembre, elementos de la Procuraduría de Guerrero rescataron a 68 estudiantes que huían de sus perseguidores y se refugiaban en las colonias aledañas, evitando así que sufrieran algún daño o perdieran la vida.

Comenta que el 29 de septiembre, dos días después, la Procuraduría de Guerrero consignó a 33 personas vinculadas a Guerreros Unidos, 22 de ellas agentes de la Policía de Iguala —los Bélicos, al servicio de Guerreros Unidos—, como probables responsables de la agresión.

Aguirre resalta en “La otra verdad” que ninguno de los detenidos por el Ministerio Público de Guerrero ha alcanzado su libertad, al contrario de lo que ha ocurrido con los detenidos por la extinta PGR, quienes fueron liberados al existir violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso, como abuso de autoridad o tortura.

Ángel Aguirre menciona también que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) era controlado por el Ejército. Expresa que en Iguala también había una subdelegación de la PGR, una subestación de la Policía Federal e instalaciones militares, entre ellas el 27.º Batallón de Infantería, por lo cual el gobierno federal estuvo enterado en todo momento de la situación a través de los informes que se le daban y también de sus propios elementos federales y militares.

Sin embargo, el gobierno federal pretextó que era un asunto local, aunque sabía que era un tema de delincuencia organizada de competencia federal, por lo cual decidió tomar distancia y dejar las investigaciones al gobierno de Guerrero.

Posteriormente, las autoridades federales se vieron forzadas a atraer el caso cuando la procuraduría estatal les envió un desglose de hechos de su exclusiva competencia.

Aguirre Rivero menciona en este capítulo que se ha planteado preguntas como: ¿por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong le recomendaron al presidente Enrique Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y días, bajo el argumento de que se trataba de un asunto local?

Otra pregunta que se plantea es: ¿por qué le negaron el uso de las instalaciones militares al procurador Iñaki Blanco para proceder con el desarme de la Policía Municipal de Iguala? Y la más importante: ¿por qué, si el Ejército manejaba el C4, no recibió un informe en tiempo real de lo que estaba aconteciendo en Iguala?

Asimismo, Aguirre lanza al lector una pregunta de suma importancia en este año de 2026: ¿quién requisó el video de las horas cruciales frente al Palacio de Justicia en Iguala?

También externa: ¿por qué la Segob se negó a proporcionar las minutas que se levantaron en las reuniones del Grupo de Coordinación de Guerrero, donde se exponían los problemas de seguridad de Iguala y las regiones?

Por tal motivo, le plantea al entonces subsecretario Alejandro Encinas: ¿por qué no se han querido mostrar las minutas de las reuniones de seguridad, donde quedaron asentados los temas que se trataban y los compromisos adquiridos sobre la dinámica e incidencia delictiva?

En el siguiente párrafo, Aguirre menciona que le comentó al entonces delegado de la PGR: ¿cuándo se va a detener a Abarca, presidente de Iguala? Deja claro al lector que, para él, si se hubiera detenido a Abarca, se habrían evitado estos lamentables hechos contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Asimismo, deja en claro que él nunca tuvo una amistad con Abarca y recuerda al lector que estaba apoyando a otra persona para la designación de candidato, y que Abarca fue impuesto por la dirigencia nacional del PRD.

Aguirre Rivero, antes de terminar el capítulo, vuelve a mencionar y recalcar que es importante conocer los videos que se tomaron desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala y que, según dichos de las autoridades, fueron borrados. Señala también que se deben investigar los posibles vínculos de algunos estudiantes de Ayotzinapa con grupos de la delincuencia organizada.

Concluye que, por su parte, seguirá colaborando en la investigación hasta que se conozca la verdad. Deja claro que, si alguna instancia de su gobierno tuvo alguna participación, será el primero en demandar que se investigue hasta sus últimas consecuencias.

Ángel Aguirre Rivero, en su libro “La otra verdad”, publicado en 2022, da su versión de los hechos, recalca que es importante saber de los videos y reitera que siempre va a cooperar con las autoridades.

Por tal motivo, ¿creen que es justo lo que le está pasando por los dichos de testigos protegidos, cuando él hace alusión a que se necesita saber más de esos videos y deja en claro que nada tuvo que ver con ellos, que es inocente y que jamás ha evadido a las autoridades ni se ha escondido?