Ayuntamientos concentran denuncias por violencia política contra las mujeres en Guerrero

—La fiscal especializada en Delitos Electorales, Dulce Selene Castañeda Arellanes, llamó a las víctimas a denunciar

–Aclaró que las quejas por presuntos actos anticipados de campaña deben analizarse conforme a las competencias legales de cada autoridad

Interacción

Los ayuntamientos de Guerrero concentran el mayor número de denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente contra síndicas, regidoras e incluso presidentas municipales, quienes enfrentan agresiones por parte de integrantes de los propios cabildos, informó la fiscal especializada en Delitos Electorales, Dulce Selene Castañeda Arellanes.

Señaló que, aunque también se han recibido denuncias relacionadas con diputadas locales y federales, la mayor incidencia de estos casos se registra en los gobiernos municipales, donde las mujeres pueden sufrir violencia no solamente durante los procesos electorales, sino también mientras ejercen sus cargos públicos.

Ante esta situación, hizo un llamado a las víctimas para que presenten sus denuncias, al reconocer que algunas mujeres no lo hacen por temor a represalias, por riesgos para su integridad física o incluso por miedo a perder la vida.

Aseguró que las instituciones están obligadas a garantizar sus derechos político-electorales y que, desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se realizan acciones de prevención e investigación para atender las conductas que puedan constituir delitos.

Castañeda Arellanes explicó que la violencia política contra las mujeres en razón de género puede presentarse antes, durante y después de una elección, e incluso cuando las funcionarias ya se encuentran en el ejercicio de sus responsabilidades, por lo que su atención no se limita a las campañas electorales.

–Denuncias por presuntos actos anticipados de campaña

En relación con las quejas derivadas de los procesos internos de los partidos políticos, particularmente por presuntos actos anticipados de campaña, la fiscal precisó que es necesario distinguir las atribuciones de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de las facultades de la Fiscalía.

Explicó que, antes del inicio formal del proceso electoral, las personas que buscan participar en una contienda son consideradas aspirantes, por lo que no todas las conductas denunciadas pueden encuadrarse en los tipos penales previstos para candidatos y precandidatos.

Indicó que las denuncias relacionadas con presuntas campañas anticipadas no necesariamente constituyen delitos electorales competencia de la Fiscalía, aunque aclaró que esto no significa que deban descartarse sin una revisión de los hechos.

Detalló que cada caso requiere un análisis jurídico y una investigación en la que participan agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía Investigadora Ministerial, a fin de determinar si existen elementos para establecer la comisión de un delito electoral y, en su caso, proceder conforme a derecho.

La funcionaria señaló que, con el inicio del proceso electoral 2026-2027, se intensificará la atención de los asuntos relacionados con posibles delitos electorales, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Indicó que el comportamiento de las denuncias suele mantenerse dentro de parámetros habituales entre septiembre y diciembre, pero puede incrementarse conforme los partidos políticos avanzan en sus procesos internos y se hacen más visibles las posibles vulneraciones a los derechos político-electorales de sus integrantes.

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