El artículo 35

Políticamente Incorrecto

Roberto Camps

La elección de Guerrero en 2027 podría convertirse en mucho más que una disputa por una gubernatura. Lo que está en juego podría terminar definiendo el alcance real de uno de los derechos fundamentales más importantes de la democracia mexicana: el derecho a ser votado.

Durante meses, el debate público se ha concentrado en nombres, grupos políticos, encuestas, alianzas y rupturas. Sin embargo, detrás de toda esa discusión existe un asunto de mayor profundidad constitucional que apenas comienza a asomarse: ¿hasta dónde puede llegar un partido político para limitar la participación de uno de sus propios militantes cuando la Constitución no establece una prohibición expresa?

La pregunta no es menor.

De hecho, las decisiones que tome el senador Félix Salgado en los próximos días, podrían convertirse en uno de los litigios político-electorales más importantes de los próximos años. O no, si decide no inscribirse como aspirante a coordinador de la 4T en Guerrero.

El caso de Guerrero coloca frente a frente dos principios que hasta ahora no habían chocado con esta intensidad: por un lado, el derecho de los partidos políticos a definir sus reglas internas y sus criterios de selección; por el otro, el derecho constitucional de cualquier ciudadano a votar y ser votado, consagrado en el artículo 35 de la Constitución.

Y es precisamente ahí donde comienza una discusión inédita.

Porque si algo caracteriza al artículo 35 es que históricamente ha sido interpretado como una garantía de participación política. Es el mecanismo mediante el cual el ciudadano deja de ser espectador para convertirse en actor de la vida pública.

La lógica constitucional mexicana ha evolucionado durante décadas en una sola dirección: ampliar derechos políticos, no restringirlos.

Primero llegaron las reformas para fortalecer la competencia electoral.

Después las candidaturas independientes.

Más tarde la iniciativa ciudadana, las consultas populares y la revocación de mandato.

Todo el sistema ha caminado bajo una premisa fundamental: permitir una participación cada vez más amplia de la ciudadanía.

Por eso resulta particularmente interesante observar lo que ocurre hoy dentro de Morena.

La discusión ya no gira solamente alrededor de quién encabeza las preferencias electorales o quién tiene más estructura territorial. El fondo del asunto es otro.

La dirigencia nacional ha decidido colocar sobre la mesa una narrativa política contra el nepotismo que busca anticiparse incluso a los tiempos constitucionales. La reforma respectiva tendrá efectos plenos hasta 2030, pero Morena la aplica en 2026.

Y es ahí donde aparece el dilema.

Porque una cosa es construir una definición ética o política y otra muy distinta es restringir derechos políticos reconocidos por la Constitución.

La pregunta que inevitablemente terminará formulándose es sencilla:

¿Puede un acuerdo partidista limitar un derecho que la Constitución protege?

La respuesta no parece tan simple.

Si la dirigencia decide impedir una participación basándose exclusivamente en criterios políticos internos, el asunto podría escalar rápidamente a los tribunales. Y entonces el debate dejaría de ser guerrerense para convertirse en un precedente nacional.

Lo que resuelvan los órganos electorales en un caso de esta naturaleza podría marcar el rumbo de las elecciones futuras en todo el país.

Porque no se trataría únicamente de Guerrero.

Tampoco de Morena.

Mucho menos de una sola persona.

La resolución definiría hasta dónde llega la autodeterminación de los partidos y dónde comienzan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es una frontera jurídica que México nunca ha explorado con claridad.

Hasta ahora, las restricciones al derecho a ser votado han surgido principalmente de la Constitución o de las leyes. Pero si un partido político logra establecer criterios internos que en los hechos excluyan a determinados perfiles sin una prohibición constitucional expresa, el sistema político estaría entrando en una nueva etapa.

Una etapa donde los partidos podrían convertirse en filtros cada vez más determinantes para el ejercicio de derechos políticos fundamentales.

Por eso la discusión merece una mirada más amplia.

Lo que hoy parece una disputa interna podría convertirse mañana en jurisprudencia electoral.

Lo que hoy parece una controversia entre grupos políticos podría terminar redefiniendo las reglas del juego para las próximas décadas.

Y esa es la verdadera dimensión del momento que vive Guerrero.