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INE crea comisión para blindar candidaturas contra la infiltración del crimen organizado

INE crea comisión para blindar candidaturas contra la infiltración del crimen organizado

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano que tendrá la función de coordinar la revisión de información sobre las personas que busquen contender por cargos de elección popular, con el propósito de detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada antes de su registro oficial.

La propuesta fue avalada con nueve votos a favor y dos en contra, y estará encabezada por el consejero electoral Arturo Chávez, quien será el responsable de coordinar los trabajos de la comisión.

Durante la sesión del Consejo General, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que esta instancia responde a las nuevas atribuciones otorgadas al organismo electoral por el Poder Legislativo y fortalecerá la capacidad institucional para atender los desafíos del sistema democrático.

Explicó que la comisión concentrará la recepción de los listados de aspirantes que presenten los partidos políticos y los remitirá a las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero para que realicen las evaluaciones correspondientes dentro del ámbito de sus facultades.

Taddei precisó que el INE fungirá únicamente como enlace entre los institutos políticos y las dependencias encargadas de las investigaciones, por lo que no realizará indagatorias propias, no emitirá juicios sobre la existencia de riesgos ni sustituirá a los partidos en la definición de sus candidaturas. Además, subrayó que el procedimiento respetará la protección de datos personales y los derechos político-electorales de los aspirantes.

Al asumir la presidencia de la nueva comisión, el consejero Arturo Chávez afirmó que el objetivo será fortalecer los mecanismos institucionales para impedir que personas con perfiles de riesgo lleguen a ocupar cargos públicos, mediante el intercambio de información entre las autoridades especializadas. No obstante, aclaró que la decisión final sobre el registro de las candidaturas continuará siendo responsabilidad de los partidos políticos, conforme a la legislación electoral vigente.

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