La paradoja de los videos de Iguala: testimonios acusan ocultamiento en el Palacio de Justicia, pero la FGE entregaba grabaciones del C4 a la SEIDO

—Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega sostienen que desde el gobierno de Guerrero se habría actuado para desaparecer videos captados en el Palacio de Justicia de Iguala y obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa; sin embargo, la Fiscalía de Guerrero colaboró con la investigación federal y entregó a la SEIDO cinco videos provenientes del C4

Redacción
Acapulco, Gro., 12 de agosto de 2026.—
La acusación contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por el supuesto ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con los hechos de Iguala presenta una paradoja que deberá ser esclarecida judicialmente: mientras Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega señalan acciones para desaparecer videos captados en el Palacio de Justicia de Iguala, existe constancia documental de que la Fiscalía de Guerrero colaboró con la autoridad federal y entregó a la SEIDO cinco grabaciones distintas, provenientes de las cámaras de vigilancia del C4 de Iguala.

El antecedente introduce un elemento relevante para analizar la hipótesis de una supuesta operación institucional destinada a obstaculizar las investigaciones: mientras las testigos describen acciones de ocultamiento, la documentación de aquellos días muestra a la Fiscalía estatal atendiendo requerimientos de la autoridad federal y proporcionando evidencia videográfica.

El antecedente está consignado por la periodista Anabel Hernández en su libro La verdadera noche de Iguala, publicado por Editorial Grijalbo. En las páginas 97 y 98 reconstruye, con base en documentos de la investigación federal, la ruta seguida por las grabaciones del C4 y los requerimientos formulados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a las autoridades guerrerenses.

De acuerdo con Hernández, como parte de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDIMS/87/2014, la SEIDO envió a la Fiscalía de Guerrero el oficio 4529, fechado el 29 de octubre de 2014, mediante el cual solicitó copia de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la vía pública del C4 correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, relacionadas con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

La Fiscalía estatal atendió la solicitud dos días después. Según la investigación de Hernández, el 31 de octubre de 2014 entregó a la SEIDO cinco videos contenidos en una memoria USB. La periodista refiere además que la versión pública del expediente contiene el dictamen elaborado por una perito del gobierno de Guerrero sobre esas cinco grabaciones, aunque las imágenes fueron censuradas posteriormente en la documentación pública de la PGR.

Este hecho cobra relevancia frente a los testimonios de Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega.

La paradoja, entonces, es de carácter institucional: ¿cómo conciliar la hipótesis de que desde el gobierno de Guerrero se buscaba obstaculizar la investigación mediante la desaparición de evidencia videográfica con el hecho de que la propia Fiscalía estatal atendió un requerimiento federal y entregó oficialmente a la SEIDO cinco videos relacionados con los acontecimientos de aquella noche?

Esto no debería ignorarse al momento de reconstruir cuál fue realmente la conducta institucional de las autoridades estatales durante las primeras semanas de la investigación.

La investigación de Anabel Hernández agrega otro episodio significativo. La periodista señala que fue hasta el 12 de noviembre de 2014 cuando la SEIDO envió peritos especializados en informática y video al C4 para revisar directamente las grabaciones relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre.

Para entonces, según La verdadera noche de Iguala, el C4 había quedado desde el 29 de septiembre bajo control de elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Cuando finalmente llegaron los especialistas de la PGR al centro de cómputo, se les informó que las grabaciones almacenadas en el sistema correspondientes a aquella noche ya habían sido borradas.

El 13 de noviembre, la SEIDO volvió a solicitar al gobierno de Guerrero los videos del C4. Al día siguiente, el director general del Sistema Estatal de Información Policial (Seipol) respondió que la información ya no estaba disponible en el sistema debido al mecanismo automático que eliminaba las grabaciones después de siete días. Pero el mismo documento hizo una precisión fundamental: la información videográfica captada los días 26 y 27 de septiembre ya había sido entregada al Ministerio Público de la Federación.

Hernández incorpora además otro elemento para reconstruir quiénes tuvieron acceso material al sistema de videovigilancia. A partir de declaraciones ministeriales de integrantes del 27 Batallón de Infantería ante la PGR, refiere que efectivos militares estuvieron aquella noche a cargo de las cámaras de seguridad, aunque formalmente el C4 dependía de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

La cronología permite observar la complejidad del manejo de la evidencia: los hechos ocurrieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre; según la investigación citada, desde el 29 de septiembre el C4 quedó bajo control de la Gendarmería de la Policía Federal; el 29 de octubre la SEIDO solicitó las grabaciones; el 31 de octubre la Fiscalía de Guerrero entregó cinco videos; y hasta el 12 de noviembre llegaron los especialistas federales al C4, donde fueron informados de que las grabaciones originales almacenadas en el sistema ya habían sido eliminadas.

Frente a las declaraciones de Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, la documentación recuperada por Anabel Hernández coloca sobre la mesa una paradoja más amplia: al mismo tiempo que se atribuye a integrantes del gobierno estatal una intención de desaparecer evidencia para impedir el esclarecimiento de los hechos, existen documentos que muestran a una institución de ese mismo gobierno entregando formalmente evidencia videográfica a la autoridad federal encargada de investigar el caso.

A casi 12 años de los hechos de Iguala, esa distinción resulta fundamental. La cuestión ya no es preguntar si existió realmente una estrategia institucional para obstaculizar la investigación.