EE.UU. cancela visas a más de 50 políticos mexicanos en una nueva ofensiva contra el narcotráfico

Reuters reveló que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de más de medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para presionar a México en su lucha contra los cárteles del narcotráfico y sus presuntos vínculos con actores políticos.

La medida ha causado inquietud en los círculos de poder en México, donde viajar al país vecino es una práctica común entre integrantes de la clase política. De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia, se trata de una acción mucho más amplia de lo que se había reconocido públicamente.

Tres exembajadores estadounidenses confirmaron que Washington ha recurrido a la cancelación de visas en el pasado, aunque nunca con la amplitud actual. “La administración Trump está encontrando nuevas formas de ejercer presión sobre México”, explicó Earl Anthony Wayne, embajador en México entre 2011 y 2015.

Fuentes del oficialismo señalaron que más de 50 miembros del partido Morena —incluyendo a funcionarios estatales y federales— han perdido sus visas, además de decenas de representantes de otras fuerzas políticas. Sin embargo, Reuters no pudo verificar los nombres de todos los afectados. Hasta ahora, solo cuatro funcionarios han reconocido públicamente la revocación, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien rechazó cualquier nexo con el crimen organizado.

El gobierno estadounidense no está obligado a explicar las razones detrás de estas decisiones. “Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.

Pese a las tensiones, el vocero aseguró que la administración Trump mantiene una “buena relación de trabajo” con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y expresó su deseo de continuar la cooperación bilateral. La Presidencia mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores no emitieron comentarios sobre el tema.

“El Quitavisas” y la presión regional

La política de cancelación de visas no se limita a México. Estados Unidos ha tomado medidas similares en otros países de América Latina, dirigidas principalmente a figuras críticas del gobierno de Trump.

El exembajador Christopher Landau, quien se ha autodenominado “El Quitavisas”, ha encabezado varias de estas acciones. En septiembre, el Departamento de Estado retiró la visa al presidente colombiano Gustavo Petro tras declaraciones en un mitin pro-Palestina. En Brasil, más de 20 funcionarios de alto rango han perdido el permiso, y en Costa Rica, el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias también fue afectado sin recibir explicación alguna.

En el caso mexicano, el retiro masivo de visas —particularmente entre integrantes del partido gobernante— amenaza con aumentar la fricción diplomática en momentos en que ambos países negocian temas sensibles como comercio, migración y seguridad.

Aunque Sheinbaum ha apostado por una estrecha cooperación con Washington en la persecución de cárteles, ha rechazado de manera tajante las insinuaciones de que Estados Unidos podría actuar militarmente dentro de territorio mexicano, calificándolas como una violación a la soberanía nacional.

Revocaciones sin explicación ni transparencia

Fuentes mexicanas consultadas por Reuters señalaron que las autoridades estadounidenses no han ofrecido explicaciones sobre las revocaciones, generando confusión e incertidumbre entre los funcionarios afectados. Muchos prefieren guardar silencio para evitar el daño reputacional que implica el retiro de una visa.

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, recordó que, durante su gestión, la cancelación de una visa a un político solía ocurrir solo cuando existía una investigación penal o una condena. Sin embargo, aclaró que el retiro del documento no necesariamente implica un proceso judicial abierto, aunque puede ser una señal de escrutinio por parte de las agencias estadounidenses.

“En algunos casos, podrían pasar años antes de saber si hay o no una investigación formal”, dijo Jacobson.

El exembajador John Feeley, quien representó a Estados Unidos en Panamá, señaló que no recordaba un precedente similar durante su carrera diplomática y advirtió que estas medidas podrían entorpecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. “Podría generar una reacción negativa, sobre todo si en México se percibe que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto”, afirmó.