Guerrero no es tierra de “línea”

ROMPEOLAS

La eventual aspiración de Esthela Damián Peralta a la candidatura de Morena por la gubernatura de Guerrero abre un debate que va más allá de nombres y coyunturas: pone sobre la mesa la viabilidad —y la legitimidad— de una posible “línea” política impulsada desde el centro del poder, incluso si esta proviniera de Claudia Sheinbaum Pardo.

Porque si algo ha demostrado la historia reciente de Morena, es que ni siquiera el peso del llamado “cetro presidencial” ha sido garantía para definir candidaturas en los territorios. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento y figura indiscutible, hubo casos donde las decisiones locales se impusieron por encima de las señales nacionales. Los llamados “rudos” —esas estructuras territoriales con músculo político real— han sabido resistir, negociar o incluso revertir intentos de imposición.

Y si eso ocurrió en el momento de mayor concentración de poder político del lopezobradorismo, ¿por qué sería distinto ahora?

Guerrero, además, no es cualquier estado. Es, sí, uno de los bastiones más sólidos de Morena en términos electorales, pero también uno de los más complejos. Aquí la política no se construye en escritorios, sino en territorio; no se resuelve con acuerdos cupulares, sino con presencia, arraigo y conocimiento profundo de sus regiones.

Guerrero se cuece aparte.

La izquierda guerrerense tiene memoria, identidad y, sobre todo, una forma propia de hacer política. No es casual que muchas de las prácticas que durante décadas funcionaron en el viejo régimen priista —la disciplina vertical, la imposición disfrazada de consenso— simplemente no tengan cabida en amplios sectores del movimiento en la entidad.

En ese contexto, la posible apuesta por Esthela Damián Peralta enfrenta más de un obstáculo.

El primero es de origen: la legitimidad. Una candidatura que se perciba como impulsada desde Palacio Nacional, más que construida desde el territorio, corre el riesgo de generar resistencias internas. Morena, aunque institucionalizado, sigue siendo un movimiento donde la narrativa del “pueblo decide” no es solo discurso, sino una expectativa real entre su base.

El segundo es práctico: el posicionamiento. La aún Consejera Jurídica de la Presidencia ha tenido más de un año —con acceso a recursos, agenda y estructura federal— para recorrer Guerrero y construir una presencia competitiva. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado consolidarse como una figura con arraigo suficiente frente a los liderazgos locales que llevan años —incluso décadas— trabajando el territorio.

Y en Guerrero, ese factor pesa.

Aquí no basta con el respaldo institucional; se requiere legitimidad social. No alcanza con la visibilidad mediática; se necesita reconocimiento en comunidades, regiones y estructuras políticas reales. La distancia entre una figura conocida y una figura competitiva suele ser más amplia de lo que se percibe desde el centro.

Por eso, pensar que una eventual “línea” presidencial podría definir el proceso interno en Guerrero no solo resulta cuestionable en términos democráticos, sino también poco realista en términos políticos.

Morena no es —al menos no completamente— el PRI de antes. Y Guerrero, mucho menos.

La definición de la candidatura no pasará únicamente por el peso de una figura o la cercanía con el poder central, sino por la capacidad de construir acuerdos, sumar voluntades y, sobre todo, conectar con una base que históricamente ha sido crítica, activa y, cuando es necesario, beligerante.

En ese tablero, la partida está lejos de estar resuelta.