Actuaciones de la fiscalía de Guerrero contradicen hipótesis de ocultamiento total de evidencias en caso Ayotzinapa

—Registros de la averiguación previa HID/SC/993/2014 documentan el aseguramiento de videos del C-4, la identificación de patrullas y la consignación de policías y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

Acapulco, Gro., 13 de agosto de 2026.- La hipótesis de que existió una operación de “limpieza” u ocultamiento absoluto de evidencias por parte de autoridades estatales antes de la intervención federal en el caso Ayotzinapa contrasta con diversas actuaciones asentadas formalmente en la averiguación previa HID/SC/993/2014, integrada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG).

Entre esas diligencias se encuentra la documentación de la existencia y extracción de materiales videográficos del sistema C-4, incorporados mediante las correspondientes actuaciones y registros de cadena de custodia. Estos elementos fueron utilizados en las primeras investigaciones para reconstruir parte de los acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los materiales audiovisuales permitieron identificar números económicos de patrullas involucradas en los hechos, entre ellas las unidades 17, 18, 22 y 28, así como reconstruir desplazamientos y rutas seguidas por vehículos policiales en los que presuntamente fueron trasladados estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Estas actuaciones resultan relevantes frente a cualquier hipótesis de un ocultamiento generalizado de evidencia, pues la propia investigación estatal dejó registros documentales sobre la obtención y utilización de material videográfico como elemento para identificar vehículos, servidores públicos y movimientos registrados durante la agresión.

La investigación de la PGJEG también avanzó durante los primeros días en la identificación y detención de integrantes del aparato operativo presuntamente relacionado con los ataques. El 30 de septiembre de 2014 fueron consignados 22 policías municipales de Iguala por homicidio calificado, apenas cuatro días después de los hechos.

Posteriormente fueron detenidos y puestos a disposición otros elementos policiales y civiles relacionados con la investigación, hasta alcanzar 33 consignaciones directas durante las primeras semanas de octubre. Entre las personas investigadas se encontraban policías y presuntos integrantes de Guerreros Unidos, dentro de una indagatoria que buscó establecer la estructura que participó en las agresiones y desapariciones.

A partir de declaraciones, peritajes de balística forense, pruebas de rodizonato de sodio y otros elementos ministeriales, la fiscalía estatal construyó además una radiografía de una red de alrededor de 90 personas presuntamente relacionadas, en distintos grados, con los acontecimientos de Iguala.

Dentro de esas líneas de investigación se perfiló la participación de integrantes de la facción conocida como “Los Bélicos”, vinculada con Guerreros Unidos, donde aparecieron nombres como Carreto Pérez, “La Sombra”; Juan Carlos Delgado, “El Toxicológico”, y Alejandro Mejía Meza, “El Granito de Oro”. Las indagatorias también alcanzaron posibles nexos operativos con personal de Protección Civil de Iguala, particularmente una camioneta identificada con el número PC003, así como la intervención de elementos de la Policía Municipal de Cocula y de la patrulla 006.

El contenido de la averiguación previa muestra así que, antes de que la investigación quedara concentrada en instancias federales, la autoridad ministerial de Guerrero había desarrollado diligencias encaminadas a preservar evidencias, reconstruir movimientos vehiculares, realizar pruebas periciales, identificar participantes y establecer conexiones entre policías municipales y miembros de Guerreros Unidos.

La existencia de estas actuaciones no resuelve por sí misma las controversias sobre posibles omisiones, responsabilidades o eventuales actos de encubrimiento que deberán esclarecerse judicialmente. Sin embargo, constituye un elemento que debe ser considerado al analizar la hipótesis de una supuesta eliminación absoluta de evidencias desde el ámbito estatal, pues existen registros ministeriales de actuaciones, aseguramientos, peritajes, detenciones y consignaciones realizados desde los primeros días posteriores a los hechos.

A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la discusión sobre las responsabilidades institucionales continúa abierta. La valoración de cualquier acusación deberá contrastarse con el conjunto del expediente, las pruebas disponibles y las actuaciones realizadas por autoridades estatales y federales, bajo los principios de verdad, debido proceso y presunción de inocencia.