Caso Ayotzinapa: los que faltan

Políticamente Incorrecto

Roberto Camps

Hay una premisa indispensable para hablar del caso Ayotzinapa: después de casi doce años, México sigue sin conocer de manera completa qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, dónde están los estudiantes desaparecidos y quiénes participaron, por acción u omisión, tanto en los hechos como en lo que ocurrió después con las investigaciones.

Tengo una convicción personal sobre la inocencia del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. La he expresado públicamente y no tengo por qué ocultarla, ese no es mi estilo ni mi forma de abordar la vida.

En principio, estoy convencido que la inocencia o responsabilidad de cualquier persona. Tiene que establecerse mediante pruebas y no mediante declaraciones¿.

Y ahí comienza el problema de fondo.

Ayotzinapa no puede analizarse como un solo expediente. Existen, cuando menos, tres preguntas distintas que el Estado mexicano está obligado a responder.

La primera y más importante es: ¿qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde están?

La segunda: ¿quiénes participaron en los acontecimientos de Iguala y cuáles fueron las responsabilidades concretas de todos los que intervinieron? De todos.

Y existe una tercera pregunta que durante años ha permanecido insuficientemente esclarecida: ¿qué ocurrió dentro del propio aparato del Estado durante la investigación posterior y quién tomó las decisiones que desembocaron en la construcción de la denominada “verdad histórica”?

La llamada verdad histórica no apareció espontáneamente. Fue producto de una investigación conducida desde las instituciones federales. En ella participaron funcionarios con distintos niveles de responsabilidad, entre ellos el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón de Lucio, entonces responsable de la Agencia de Investigación Criminal.

Pero una investigación de esta dimensión política, institucional y nacional obliga a formular una pregunta elemental de cadena de mando: ¿actuaron solos?

No se trata de afirmar, sin pruebas, que funcionarios superiores ordenaron fabricar una determinada versión. Hacerlo sería repetir justamente el error que se critica: sustituir la investigación por una conclusión anticipada. Se trata de algo mucho más sencillo y jurídicamente razonable: determinar quién sabía qué, desde cuándo lo sabía, qué decisiones se tomaron, quién las conoció, quién las autorizó y quién permitió que continuaran.

Porque en 2014 Ayotzinapa no era un asunto administrativo menor de la Procuraduría General de la República. Era probablemente la mayor crisis política y de derechos humanos que enfrentaba el gobierno federal.

Existían mecanismos de coordinación política y de seguridad del más alto nivel. Estaban la Secretaría de Gobernación, con Miguel Osorio Chong al frente; el CISEN, con Eugenio Imaz, la Procuraduría General de la República, las instituciones federales de seguridad con García Harfuch como delegado;  Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y, naturalmente, la Presidencia de la República encabezada por Enrique Peña Nieto.

Por ello, desde una lógica elemental de investigación, la cadena de decisiones no debería detenerse en Murillo Karam o Tomás Zerón.

Debe reconstruirse hacia arriba y hacia los lados.

¿Quién recibió los informes? ¿Qué información llegó a Gobernación? ¿Qué conocían las áreas de inteligencia? ¿Qué reportaron las corporaciones federales? ¿Qué se informó a la Presidencia? ¿Quién conoció las diligencias posteriormente cuestionadas? ¿En qué momento se decidió presentar públicamente una conclusión del caso? ¿Existieron advertencias internas sobre inconsistencias? Y, de haber existido, ¿quién decidió ignorarlas?

Estas preguntas no prejuzgan responsabilidades. Precisamente sirven para determinarlas o descartarlas.

Investigar a alguien no significa declararlo culpable. Reconstruir una cadena de mando tampoco significa sostener que todos sus integrantes participaron en un delito. Significa establecer documentalmente el flujo de información y de decisiones para saber hasta dónde llegó el conocimiento institucional de los hechos.

Y aquí aparece una de las grandes asignaturas pendientes de Ayotzinapa: durante años se ha investigado principalmente qué ocurrió con los estudiantes, pero también debe esclarecerse con la misma profundidad qué ocurrió con la investigación de lo ocurrido. Son dos planos diferentes.

Si hubo manipulación de pruebas, alteración de diligencias, ocultamiento de información, tortura para obtener declaraciones o construcción deliberada de una explicación incompatible con la evidencia, entonces ya no estaríamos solamente frente al delito original. Estaríamos frente a posibles conductas posteriores destinadas a impedir o distorsionar el conocimiento de la verdad. Y esas conductas tendrían su propia cadena de responsabilidades.

Por eso considero equivocado que, cada determinado tiempo, el caso vuelva a concentrarse en un personaje político determinado como si encontrar un nuevo responsable mediático pudiera resolver las contradicciones acumuladas durante más de una década.

En el caso específico de Ángel Aguirre, debe aplicarse exactamente el mismo principio.

Si existen elementos de prueba en su contra, que se presenten. Si existen decisiones concretas que le sean atribuibles, que se documenten. Si hubo información que recibió y frente a la cual omitió actuar, que se demuestre. Pero si esos elementos no existen, tampoco resulta jurídicamente aceptable sustituirlos con señalamientos políticos, inferencias o culpabilidades por asociación.

La responsabilidad política puede discutirse en el terreno de la opinión pública. La responsabilidad penal requiere pruebas. Confundir ambas cosas no ayuda a conocer la verdad.

También sería un error limitar el análisis exclusivamente a autoridades civiles. Durante años, los familiares de los normalistas y distintas investigaciones han exigido profundizar en la actuación de elementos militares y de corporaciones federales presentes en la región. La actuación de la Policía Federal aquella noche, la información disponible para las instituciones de seguridad y el conocimiento que tuvieron distintas autoridades forman parte de los aspectos que deben esclarecerse plenamente.

Ninguna institución debería quedar fuera por razones políticas y ninguna persona debería ser incorporada solamente por razones políticas. Esa tendría que ser la regla.

Porque Ayotzinapa no necesita otra “verdad histórica”, ahora construida con protagonistas diferentes. Necesita verdad probatoria.

Y una investigación seria debería seguir una secuencia lógica: primero reconstruir los hechos; después establecer quién tuvo conocimiento de ellos; posteriormente determinar qué hizo o dejó de hacer cada autoridad; reconstruir la circulación de información entre instituciones; identificar quién tomó cada decisión y, finalmente, individualizar responsabilidades con pruebas. No al revés.

No se puede seleccionar primero al responsable y después buscar elementos para sostener la acusación.

Por eso la investigación tiene que avanzar simultáneamente en dos grandes direcciones: hacia el destino de los estudiantes y hacia la cadena institucional que investigó —o eventualmente distorsionó— el caso.

La primera deuda sigue siendo encontrar a los jóvenes y esclarecer qué ocurrió con ellos.

La segunda es determinar todas las responsabilidades de aquella noche.

Y la tercera, de enorme trascendencia para el Estado mexicano, es esclarecer quiénes participaron en las decisiones posteriores que condujeron a una versión que terminó desacreditada y que, lejos de cerrar el caso, profundizó la desconfianza.

Después de casi doce años, Ayotzinapa ya ha soportado demasiadas hipótesis, demasiados intereses políticos y demasiadas versiones contrapuestas.

Lo que falta no es otra narrativa.

Faltan los estudiantes.