Propone Erika Isabel Guillén reformas para garantizar derechos de jóvenes en Guerrero

–Busca garantizar identidad, libre desarrollo de la personalidad y no discriminación de los jóvenes de la comunidad LGBTTTQ+ en Guerrero

Chilpancingo, Gro., 2 de junio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las personas jóvenes y armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la diputada local del PRD, Erika Isabel Guillén Román, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 65 de la Ley Número 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, para incorporar de manera expresa el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como elementos protegidos dentro del derecho de la comunidad LGBTTTQ+ a la identidad.
La legisladora argumentó que las juventudes constituyen un sector social diverso y heterogéneo que enfrenta distintas formas de discriminación, exclusión e invisibilidad institucional, particularmente aquellas personas jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual y de género, quienes históricamente han enfrentado obstáculos para ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
En la exposición de motivos, Guillén Román sostiene que la juventud es una etapa decisiva para la construcción de la identidad individual, la autonomía personal y el desarrollo de proyectos de vida, por lo que las leyes dirigidas a este sector no pueden limitarse a reconocimientos abstractos de derechos, sino que deben responder a las realidades sociales concretas que viven miles de jóvenes en Guerrero.
La iniciativa señala que las juventudes no constituyen una categoría uniforme, sino que están atravesadas por condiciones económicas, culturales, territoriales, étnicas, sociales, sexuales y de género que generan distintas formas de vulnerabilidad. Bajo esa premisa, plantea que el Estado debe adoptar mecanismos de protección reforzada para grupos históricamente discriminados.
La diputada perredista expone que, aunque la legislación vigente ya reconoce el derecho de las personas jóvenes a construir sus propias identidades individuales y colectivas y formas de expresión, la redacción actual del artículo 65 mantiene un margen de ambigüedad al no mencionar de manera explícita derechos relacionados con la orientación sexual, la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con la iniciativa, esta omisión limita la certeza jurídica y dificulta el diseño de políticas públicas especializadas dirigidas a juventudes diversas, además de reducir la capacidad institucional para prevenir y atender fenómenos de discriminación, violencia y exclusión.
Como sustento jurídico, la propuesta cita el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda forma de discriminación basada en origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.
Asimismo, retoma diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha reconocido al libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental derivado de la dignidad humana y de la autonomía personal, garantizando a todas las personas la libertad de construir su propio proyecto de vida sin interferencias arbitrarias del Estado o de terceros.
La legisladora también incorpora como fundamento la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se establece que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y forman parte del ámbito de protección de la vida privada, la igualdad y la no discriminación.
Dentro de los argumentos presentados, se destaca que una parte importante de la población perteneciente a la diversidad sexual y de género es precisamente joven. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género refiere que aproximadamente el 33.3 por ciento de esta población tiene entre 15 y 19 años de edad; el 20.4 por ciento entre 20 y 24 años; y el 13.8 por ciento entre 25 y 29 años.
La iniciativa advierte que estas juventudes enfrentan una doble condición de vulnerabilidad: por un lado, los obstáculos asociados a la edad y la condición juvenil; y por otro, las formas de discriminación relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Según el documento, esta situación puede traducirse en discriminación escolar, violencia familiar, exclusión laboral, afectaciones emocionales, dificultades para acceder a servicios y limitaciones para ejercer plenamente sus derechos humanos.
La diputada también hace referencia a estudios nacionales e internacionales que documentan mayores niveles de ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso ideación suicida entre jóvenes pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, fenómenos asociados no a su identidad, sino a los contextos de rechazo, violencia y exclusión que enfrentan.
Otro de los aspectos que aborda la propuesta es la violencia digital. El texto señala que las redes sociales y los entornos digitales se han convertido en espacios donde frecuentemente se presentan actos de hostigamiento, amenazas, difusión no consentida de imágenes, discursos de odio y otras formas de violencia dirigidas contra jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual y de género.
Por ello, la iniciativa plantea que el Estado no puede permanecer bajo una lógica de neutralidad normativa frente a estas problemáticas y debe adoptar medidas legislativas que permitan una protección más efectiva.
La reforma propuesta modifica de manera sustancial el contenido del artículo 65 para establecer que el Gobierno del Estado reconoce el derecho de las personas jóvenes a existir, contar con una nacionalidad, generar sus propias identidades individuales y colectivas, así como ejercer el libre desarrollo de su personalidad, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, obligándose además a protegerlas contra agresiones psicológicas, físicas, digitales o actos de discriminación relacionados con el ejercicio de esos derechos.
Asimismo, establece que el Gobierno estatal, a través del Plan Estatal de Desarrollo, deberá impulsar programas orientados a conocer, reconocer y estimular las formas de identidad de las personas jóvenes, especialmente de aquellas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también mandata la generación de políticas públicas integrales que atiendan sus necesidades específicas, promuevan su inclusión, garanticen su dignidad humana y prevengan cualquier forma de violencia o discriminación.
Entre los beneficios identificados por la diputada se encuentran la posibilidad de orientar de mejor manera las políticas públicas, desarrollar programas especializados, establecer indicadores institucionales, fortalecer procesos de capacitación gubernamental y construir mecanismos más eficaces de prevención y atención de la discriminación.
Guillén Román sostiene que la reforma no crea nuevos derechos ni invade competencias federales, sino que fortalece el reconocimiento expreso de derechos ya protegidos por la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales suscritos por México.
La legisladora concluye que reconocer explícitamente a las juventudes diversas dentro de la Ley Número 688 representa un acto de justicia normativa, visibilización institucional y armonización constitucional, que permitirá garantizar que las personas jóvenes puedan construir libremente su identidad, desarrollar su personalidad y vivir sin miedo a la discriminación, la violencia o la exclusión.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y obligará a las dependencias estatales vinculadas con juventudes, derechos humanos, salud, educación y desarrollo social a fortalecer programas, mecanismos de capacitación y acciones de sensibilización orientadas a la protección de grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad.